Por Mariana Campos México enfrenta un desafío estructural en materia de recaudación fiscal. Con una base contributiva reducida para el tamaño de su economía y una dependencia excesiva a un número limitado de contribuyentes, este modelo no sólo tiene repercusiones no deseables en el desempeño económico, sino que está agotado. El sistema tributario del país es uno de los menos efectivos dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La recaudación total apenas alcanza el 17.7% del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el promedio de 33.9% del resto de los países miembros. Cabe señalar que esta brecha de más de 16 puntos porcentuales no se explica por las tasas impositivas, sino por la estrechez de la base sobre la cual se recaudan los impuestos. Dos grupos financian tres cuartas partes del erario En la práctica, el sostenimiento de las finanzas públicas recae de manera abrumadora en dos grupos específicos: los trabajadores asalariados formales y las grandes empresas privadas. Durante el ejercicio fiscal de 2024, los grandes corporativos aportaron el 52% del total recaudado, mientras que las personas físicas con empleo formal contribuyeron con un 25% adicional. En otras palabras, estos dos segmentos financian más de las tres cuartas partes del erario público nacional. Esta concentración se agudiza al observar que, dentro del grupo de asalariados, el 20% de trabajadores con mayores ingresos, genera el 61% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Por el contrario, las personas físicas no asalariadas —que incluyen a pequeños negocios, profesionistas independientes y comerciantes— apenas contribuyen con el 3% del total. El obstáculo insalvable: 54% de informalidad laboral Dicha disparidad refleja un problema estructural de inclusión fiscal, donde una parte significativa de la economía opera al margen del sistema tributario. La informalidad laboral, que afecta al 54% de la fuerza de trabajo, representa el principal obstáculo para ampliar la base contributiva. De hecho, de mantenerse el ritmo actual de reducción de la informalidad, se requerirían más de 250 años para eliminar completamente este fenómeno. Por otra parte, el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), diseñado para incentivar la formalización, muestra resultados limitados. En 2024, apenas 3.6 millones de personas contribuyeron bajo esta modalidad, generando sólo el 0.07% del PIB. Esta cifra contrasta con los 18.9 millones de trabajadores informales que, en su mayoría, no se encuentran en situación de pobreza. Base empresarial mínima y beneficios fiscales cuestan caro En el ámbito empresarial, la base contributiva es igualmente estrecha. Sólo 11% de los establecimientos económicos censados presentaron declaración anual en 2024, lo que sugiere que la gran mayoría de los negocios en México no pagan ISR. Quienes sí lo hacen son las empresas de mayor tamaño: aquellas con ventas superiores a 500 millones de pesos anuales. Éstas representan sólo el 2% del total de contribuyentes morales, pero aportan el 78% de lo recaudado por este concepto. Además, el sistema adolece de significativas renuncias recaudatorias a través de exenciones y tratos preferentes. En 2024, los regímenes especiales del ISR para personas físicas representaron una pérdida de 0.9% del PIB, mientras que en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) la renuncia alcanzó el 2.20% del PIB. El potencial desaprovechado del IVA La erosión de la base del IVA es particularmente preocupante: sólo el 54% de la canasta de consumo está sujeta a la tasa general, lo que explica en gran parte por qué México recauda menos en este impuesto que la mayoría de los países de América Latina. El potencial recaudatorio desaprovechado es considerable. Simulaciones indican que, eliminando los regímenes especiales del IVA, la recaudación podría aumentar del 4.3% actual al 6.4% del PIB, y en un escenario ideal sin evasión ni informalidad, podría alcanzar hasta 11.3% del PIB. El círculo vicioso: baja recaudación y bajo crecimiento Este problema de recaudación no existe en el vacío; se alimenta del crecimiento económico y, a la vez, lo frena, creando un círculo vicioso. Los ingresos tributarios primarios —aquellos que surgen orgánicamente de una economía en expansión— se han estancado: pasaron del 11.9% al 11.5% del PIB entre 2018 y 2024. Para compensar esta pérdida y la caída de los ingresos petroleros, el gobierno ha dependido de esfuerzos de fiscalización que aportaron un 2.2% del PIB en 2024. No obstante, esta estrategia es contraproducente: al presionar aún más a la ya reducida base de contribuyentes formales —donde el 2% de las empresas aporta el 78% del ISR empresarial—, se socava su liquidez, se desincentiva la inversión y se perpetúa el bajo crecimiento del PIB (1.5% en 2024) y la productividad (0.06%). La gran oportunidad: ISR de las personas físicas La verdadera oportunidad para romper este ciclo se vislumbra en el ISR. Mientras México equipara a la OCDE en recaudación de ISR empresarial (3.9% del PIB), en el rubro de personas físicas recauda apenas 3.7% del PIB, menos de la mitad del promedio de la OCDE (7.9%).

Esta brecha de 4.2 puntos del PIB no se resuelve subiendo tasas a quienes ya pagan, sino mediante un rediseño del sistema que incentive la formalización e incorpore a los millones de individuos y microempresas que actualmente contribuyen de manera marginal. Se trata, en esencia, de transformar una carga concentrada en unos pocos en una contribución amplia, justa y sostenible. Cabe destacar que las unidades económicas en situación de informalidad son, además, considerablemente menos productivas. En consecuencia, atender la informalidad conllevaría a mejorar la productividad y, esto, al crecimiento económico. La oportunidad perdida en el Paquete Económico 2026 Lamentablemente, el Paquete Económico 2026 no propone una solución para abordar este nudo estructural. En un contexto de lento crecimiento y productividad decreciente, la propuesta omite una estrategia integral para combatir la informalidad y, crucialmente, para dejar de depender de una fiscalización que ahoga a las empresas formales. Al ignorar la raíz del problema —el estancamiento de la recaudación primaria y la brecha de 4.2 puntos del PIB en el ISR a personas físicas—, el paquete 2026 renuncia a romper el círculo vicioso. De no materializarse estos cambios, la carga fiscal seguirá recayendo desproporcionadamente en unos pocos, limitando la capacidad del Estado para financiar el desarrollo y condenando a la economía a un continuo estancamiento.