Por Luis Reyes La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (1992) y la nueva Ley General de Aguas no tocarán a la élite que concentra una cuarta parte del agua nacional, afirmó el Mtro. Wilfrido Antonio Gómez Arias, Académico del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología (InIAT) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Indicó que sin tomar en cuenta la participación ciudadana, por un lado, se está dejando en funcionamiento la Ley de Aguas Nacionales, la cual ha provocado una crisis hídrica en el país; y por el otro, se crea una nueva ley que tratará de distribuir la poca agua que sobre para las y los ciudadanos. "No vas a poder quitarle agua a las grandes empresas, a pesar de que tú como habitante tengas un problema de inaccesibilidad a este recurso. Están dejando de lado el derecho al agua de los pueblos y las comunidades y dejas de lado un sistema integral que contemple las dinámicas del cambio climático, porque ahora el agua en el subsuelo se evapora más rápido", advirtió. Apuntó que la mayoría de los acuíferos en México están disminuyendo, es decir, son 286 acuíferos explotados, y 527 con tendencia a terner menos disponibilidad, y los "millonarios del agua" tienen incidencia en ese decremento, donde se deja el derecho humano al agua como un tema menor y no como uno rector. "En un futuro nos va a quedar cada vez menos agua y que tengamos que hacer pozos más profundos o que tengamos que extraer agua contaminada. Son muchas cosas ahí que realmente entran en juego y parece ser que quieren dejar la 'hidrocracia intacta' ", aseveró. Citó que varias organizaciones sociales y académicas señalan que, a través de consultas, es fundamental crear una ley que sustituya a la Ley de Aguas Nacionales y no la reforme como ha sido propuesto por Conagua. Advierte que es prioritario limitar los volúmenes de concesión de los grandes poseedores del agua y reasignar el recurso para usos prioritarios. Acotó que las reformas tendrían que obligar a los grandes poseedores del agua para que ejecuten proyectos de participación ciudadana y comunitaria con el fin de efectuar un resarcimiento integral de los mantos acuíferos y sancionarlos, retirando concesiones si los contaminan, ya que la Ley de Aguas Nacionales actualmente permite adquirir concesiones en mantos no sobreexplotados. El lunes 29 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión una nueva Ley General de Aguas para reglamentar el artículo 4º de la Constitución, que es garantizar el derecho humano al agua, como parte de su Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua. La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales de 1992 busca regular todo el esquema de transmisiones para que entre particulares no puedan vender sus títulos de concesión, sino que sea la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la que rija este proceso de transiciones en el país, además de incrementar sanciones económicas. La propuesta en la ley incluso podría llegar en algunos casos a la extinción de dominio, un proceso legal a través del cual el Estado puede despojar a una persona de bienes que provienen de actividades ilícitas. Si un particular ya no usa su concesión, se la tendrá que regresar al Estado para que pueda concesionar nuevamente esa agua. Imagen: Conahcyt