Por Marco Antonio Fernández Programa de Educación Países como Singapur, Japón, Corea del Sur o Taiwán construyeron sistemas educativos no únicamente sólidos, sino protegidos de la captura política. Apostaron por instituciones fuertes, reglas claras, profesionalización docente y directrices públicas guiadas por evidencia. La educación se concibió como un proceso de largo plazo, no como un espacio de negociación política. El resultado: ocupan consistentemente los primeros lugares en la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes). México, en cambio, se mueve en la dirección opuesta. Nuestro sistema educativo continúa cooptado por intereses políticos, desplazando del centro del debate el aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes. Una decisión de la SCJN que no favorece la calidad educativa Un ejemplo reciente es la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) del 6 de enero de 2026. En ella, validó que quienes egresen de las Escuelas Normales Públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio, tienen prioridad para el ingreso al servicio docente —según otorga la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La SJCN sostuvo que esta medida no se contrapone con el mandato del artículo tercero constitucional. Lo cierto es que éste establece que el personal docente debería seleccionarse con base en procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales en igualdad de condiciones y en los que se deben considerar conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Aunque diversos ministros argumentaron que “prioridad no implica exclusividad”, en la práctica la preferencia garantizará plazas a quienes se gradúen de estas instituciones. Sólo si hay necesidad de contratar docentes adicionales, se abrirá la posibilidad a aspirantes de algún otro centro de enseñanza público o privado. En suma, la decisión de la Corte no favorece que los estudiantes tengan a los mejores profesores. La medida cierra oportunidades a profesionistas altamente calificados de otras academias que podrían fortalecer el sistema educativo. Un esquema de ingreso docente basado en la institución de egreso —y no en los conocimientos, las capacidades pedagógicas y la experiencia— reduce la competencia, limita la diversidad de perfiles en las aulas y debilita los incentivos para mejorar la calidad de la formación inicial del profesorado. Más preocupante aún, se amplía la discrecionalidad en los procesos de ingreso y promoción, lo que debilita la transparencia y la certeza que requiere un verdadero sistema profesional de carrera enfocado en fortalecer los aprendizajes de las y los estudiantes. Las presiones de la disidencia magisterial A esta dinámica se suman las presiones recurrentes de la disidencia magisterial. Durante 2025, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intensificó sus movilizaciones para exigir la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y mejoras en las condiciones de retiro y salario. La concesión presidencial de reducir la edad de retiro a 53 y 55 años respectivamente para maestras y maestros en un país con esperanza promedio de vida de 75.1 años, costará al menos 36 mil millones de pesos para 2030. El “logro” de las movilizaciones será a costa de recursos para distintas urgencias en infraestructura y tecnología educativa, y mejora en la capacitación docente. Los cerca de 30 días que se perdieron del ciclo escolar en distintos estados no se recuperarán y se anticipa se multipliquen ante la amenaza de la disidencia magisterial que sigue inconforme con la concesión del Ejecutivo. Cuando la política entra al aula, el aprendizaje es el primero en salir por la puerta. Las consecuencias recaen, sobre todo, en las niñas y los niños de contextos más vulnerables, para quienes la escuela representa una de las pocas oportunidades reales de movilidad social. Cinco recomendaciones de política pública educativa Si el Gobierno Federal busca un cambio serio para la educación en México, 2026 debería marcar un punto de inflexión. Primero, se debe avanzar hacia un sistema profesional de carrera docente que reconozca el mérito y el desempeño de las y los maestros, no su afiliación institucional o política. Y sin embargo, los esfuerzos privilegiaron la afiliación de más de la mitad de los miembros del SNTE al partido oficial. Así las prioridades educativas… Segundo, más que distribuir becas bajo una lógica política, hay que atender las causas del abandono escolar, especialmente en la educación media superior. Se puede lograr mediante tutorías académicas y acompañamiento docente oportuno. Tercero, no postergar las evaluaciones diagnósticas del aprendizaje. Por el contrario, a partir de ellas impulsar la capacitación docente. Cuarto, corregir el rumbo en programas insignia como La Escuela es Nuestra, para fortalecer sus beneficios. Y quinto, cerrar la brecha entre lo que demandan las empresas y lo que ofrecen las instituciones educativas en aprendizajes fundamentales de comprensión lectora, comunicación asertiva, matemáticas y pensamiento científico. Pero con recortes presupuestales para las instituciones de educación superior y universidades públicas estatales y federales, difícilmente se podrá avanzar en este rubro. Una educación capturada por intereses clientelares Cada 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación. La fecha, más que una conmemoración simbólica, debería recordarnos que, sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa, los países no logran romper los ciclos de pobreza ni generar trayectorias de bienestar. Con el capital político del que dispone, el Gobierno Federal podría fácilmente emprender las reformas que niñas, niños y jóvenes necesitan. Sin embargo, mientras la educación siga capturada por intereses clientelares, México seguirá lejos de garantizar a sus estudiantes una formación que abra oportunidades, en lugar de cerrarlas para un desarrollo incluyente con sentido de un país menos desigual y próspero.