Por Claudia Juárez No es extraño ver a migrantes de diferentes nacionalidades en la frontera norte, a la espera de llegar a Estados Unidos con el deseo de alcanzar mejores oportunidades laborales y calidad de vida. Pero en años recientes, los residentes en esa zona perciben cada vez más la presencia de rostros que les son cercanos: mexicanos violentados que huyeron de su lugar de origen para salvar su vida. Hombres, mujeres y niños que esperan el asilo en Estados Unidos porque en su país se sienten inseguros, amenazados y con poca posibilidad de vivir sin riesgos. Sin embargo, la mayoría de ellos no podrá cumplir con los requisitos que les impone el vecino del norte para ingresar a su país. El drama de los desplazados crece. Testigo de este fenómeno de movilidad, la doctora Ana Melisa Pardo, del Instituto de Geografía de la UNAM, destaca que la situación de los desplazados se agudiza más porque aún no hay un pleno reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas, quienes a menudo catalogan este desplazamiento forzado como migración interna. “La diferencia está en las causas. El desplazamiento no es una decisión que tomó la familia por cuestiones económicas, por comodidad o por trabajo, aquí las personas se ven obligadas a salir, muchas veces solo con lo que llevan puesto. Además la migración interna puede ser individual o familiar, y en el caso del desplazamiento forzado, también incluye la salida de grupos o comunidades enteras cuya vida está en riesgo.” Según la Organización de las Naciones Unidas, el desplazamiento interno ocurre “como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.” Vidas en riesgo Durante una visita a Tijuana, mientras realizaba un estudio sobre cómo la población extranjera transforma el espacio urbano, la doctora Ana Melisa Pardo se encontró con personas originarias de Guerrero, Oaxaca, Michoacán o Estado de México que decían haber huido ante la extorsión de criminales, quienes les cobraban cuotas y los amenazaron de muerte cuando ya no podían pagarles. Algunas de estas víctimas eran propietarios de tienda, farmacia, restaurante o frutería; otros decían que habían huido por ser familiares de alguien involucrado con grupos criminales y al haber enfrentamientos, pues ellos estaban en riesgo, relata la investigadora. “La primera mujer con la que hablé tenía una bebé de 40 días de nacida; estaba intentando pedir asilo político en Estados Unidos. Por desgracia, los desplazados desconocen quién tiene derecho al asilo y quién no; llegan a la frontera con la esperanza de ser aceptados. El problema es que deben comprobar que su vida está en peligro o que en México no tienen otra alternativa”. Es difícil que cumplan con los requisitos de Estados Unidos y más en esta época de mayor endurecimiento de las políticas migratorias. Muy pocos lo logran. El Banco Mundial estima que casi 60 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo, convirtiéndose en refugiados (19,5 millones), desplazados internos (38,2 millones) o solicitantes de asilo; el organismo destaca que se trata de la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. “¿Qué hacer con esa población que llega a las ciudades de la frontera en terribles condiciones, que no fueron acreedores al asilo, que no pueden regresar a su lugar de origen, que no tienen trabajo?—se pregunta la doctora en Geografía— Es un fenómeno que está ocurriendo en ciudades de la frontera y no ha sido atendido.” Desde el ámbito académico, Ana Melisa Pardo e investigadores de diversas instituciones están aportando al tema desde sus disciplinas, tanto en documentación de casos y propuestas de medición del fenómeno, como en mesas de análisis abiertas al público como la que tendrá lugar el 4 de octubre (2018) en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en donde presentarán distintas perspectivas del desplazamiento interno forzado por la violencia en México. Atención urgente La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organismo no gubernamental, reportó 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23,169 personas en 2016. Esta ONG menciona la presencia de grupos armados organizados, la violencia política, conflictos sociales o territoriales, así como un proyecto de desarrollo como situaciones de presión para la salida de personas. A decir de la doctora Pardo, el desplazamiento masivo es más fácil de identificar y medir, en cambio, la huida de una persona, alguien con un hijo o una familia es un reto para los investigadores debido a las condiciones en que ocurre y el temor de las personas. “Muchos se están quedando en la frontera, en refugios que la sociedad civil les ofrece. Es un fenómeno que nos interesa analizar, contribuir a que se identifique y se atienda. Porque aún no existe un reconocimiento del problema de desplazamiento por violencia por parte del Estado mexicano.” La CMDPDH coincide en que el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer y crear un marco jurídico para atender, proteger y asistir las necesidades especiales de esta población. Al tener una categoría legal, los desplazados pueden acceder a la protección que otorga el derecho internacional. Así ocurrió en Colombia. El conflicto armado dejó miles de desplazados. Una vez que se reconoció esa realidad, se implementaron programas de distintos niveles de atención, desde un sistema de registro hasta proyectos de reinserción a la vida social y laboral. En México el problema aumenta.