Desde hace no pocas décadas, la democracia en América Latina se enfrenta a desafíos recurrentes, colocándola como una región del Mundo altamente marcada por una historia de altibajos políticos, inestabilidad y desigualdad. Urge, entonces, fortalecer las instituciones, estrategias, principios y ansias democráticas. Ante esas certezas, en América Latina se mantiene a la educación no solo como un derecho fundamental, sino como el instrumento más valioso y poderoso para lograr afianzar la democracia. Todas y todos estamos de acuerdo en que la educación es el cimiento sobre el cual se puede construir una sociedad que valore la justicia, equidad y la participación ciudadana activa. A través de la educación de calidad podemos formar ciudadanas y ciudadanos críticos, informados y, sobre todo, comprometidos con el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, para que la educación cumpla ese rol transformador, debe trascender la mera transmisión de conocimientos. Debe enfocarse en fomentar el pensamiento crítico, la tolerancia, el respeto por la diversidad y el compromiso con el bienestar colectivo. En América Latina, donde las disparidades económicas y sociales a menudo se traducen en desigualdades educativas, es imperativo que los gobiernos apuesten con todo por lograr mantener activos sistemas educativos inclusivos y de calidad. Eso significa asegurar que todos los sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a una educación que les permita participar plenamente en la vida democrática de sus países. La consolidación de la democracia en la región depende, en gran parte, de una educación que promueva el conocimiento y aprecio por las instituciones democráticas, así como la comprensión de los derechos y responsabilidades que conlleva la ciudadanía. Una población educada está mejor equipada para exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por el Estado de derecho.