En junio de 2025, el gobierno redujo la edad mínima de jubilación para maestras, maestros y otras personas trabajadoras del Estado, de forma que se congeló la edad mínima de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres, edades que irán disminuyendo hasta llegar a 53 para trabajadoras y 55 para trabajadores en 2034. Cabe aclarar que esta medida no aplica a todas las personas trabajadoras al servicio del Estado. Quedan excluidas aquellas que se retiren bajo las modalidades de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios, y de Cesantía en Edad Avanzada del Artículo Décimo Transitorio. Asimismo, quedan excluidas las personas que optaron por la acreditación de Bonos de Pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en sus cuentas individuales y a quienes cotizan bajo el régimen de cuentas individuales. El beneficio está reservado únicamente para quienes, estando activos al 31 de marzo de 2007, decidieron permanecer en el sistema solidario de pensiones, que al día de hoy resulta aplicable para 860,607 personas trabajadoras del Estado, de los cuales 40% son maestros. La medida fue celebrada como un reconocimiento a su trayectoria; sin embargo, provoca una merma en las finanzas públicas y plantea interrogantes sobre la equidad entre generaciones. Más de 360 mil docentes podrán retirarse antes, en un país donde la esperanza de vida rebasa los 75 años. Esto se traduce en un mayor número de años con pensión pagada por el erario. El costo estimado: más de 140 mil millones de pesos en los próximos 20 años, que desplazarán recursos clave para otras prioridades públicas, entre ellas la educación. Mientras países como Francia, Alemania o Estados Unidos elevan la edad de retiro para hacer sostenible su sistema, México va en dirección contraria. El resultado: menos recursos para infraestructura, cobertura y calidad educativa, y más gasto destinado a pensiones que benefician a un sector reducido. La pregunta de fondo es incómoda pero urgente: ¿cómo reconocer la labor de quienes ya sirvieron, sin hipotecar la educación de quienes apenas comienzan su camino? Este análisis busca aportar a ese debate al analizar el origen del decreto, sus implicaciones fiscales y las alternativas de política que pueden ofrecer un equilibrio más justo y sostenible. Lo que hoy parece un triunfo político, mañana puede convertirse en una factura impagable para toda la sociedad.