Por Marco Antonio Fernández, Roberto de la Rosa, Ana Gabriela Núñez y Javier Patiño Programa de Educación Cuando la escuela llega tarde, la violencia se adelanta. Eso le pasó a Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años que, una semana después de haber sido reportado como desaparecido por su familia, fue reclutado, armado y convertido en el autor material del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. No era un criminal veterano, sino un menor. En lugar de estar cursando el bachillerato, terminó en la nómina del crimen organizado. Su identificación, presentada como un “avance significativo” para esclarecer el homicidio, es, en realidad, la confirmación de una derrota social. La familia que lo buscaba lo encontró en la morgue. Es decir, el Estado llegó tarde. Mientras la violencia asciende en el elevador, las oportunidades educativas siguen subiendo por la escalera. En ese desfase se pierde una generación que debería estar en las aulas, no en los expedientes forenses. Revisar el proyecto educativo no es un lujo ni un tema técnico: es una obligación si queremos que la educación vuelva a ser una barrera efectiva frente al crimen. La respuesta del gobierno federal es el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia 2025”, que promete una inversión histórica para reconstruir el tejido social. Sin embargo, lo más preocupante no es lo que el plan anuncia, sino lo que omite: la enorme brecha entre el ritmo de reacción del Estado y la velocidad a la que operan los grupos delictivos. Mientras el gobierno proyecta nuevas universidades, becas y obras de infraestructura, el crimen recluta de inmediato, con dinero en efectivo y control territorial. Si la estrategia educativa no se conecta con oportunidades reales de aprendizaje y de empleo digno, Michoacán corre el riesgo de financiar más becas sin alterar el terreno donde hoy gana el narco: la vida cotidiana de los jóvenes. La pregunta central no es cuánto se va a invertir, sino si el Estado es capaz de llegar a tiempo a la vida de esos jóvenes antes que el crimen organizado. El anuncio La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán con un paquete de acciones educativas que, en su mayoría, no son nuevas, sino que son expansiones o aceleraciones de programas federales ya existentes. Entre ellas destacan: La ampliación del sistema de becas, El arranque en Michoacán de la nueva Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra, El aumento de la cobertura en bachillerato y educación superior, y La incorporación de estudiantes a los cursos del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, institución anunciada previamente al propio Plan Michoacán. El plan también retoma estrategias federales en marcha, como —por ejemplo— las Jornadas Comunitarias por la Paz y contra las Adicciones y la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, lanzada en febrero de 2025. Las medidas refuerzan políticas ya contempladas en la agenda federal más que diseñar acciones específicas ante la crisis de violencia que vive la entidad. La excepción es la beca “Gertrudis Bocanegra”, creada tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo con el propósito explícito de apoyar el transporte de adolescentes (NNA) para reducir el abandono escolar. Está dirigida a estudiantes de educación superior pública residentes en Michoacán y otorga 1,900 pesos bimestrales para transporte y desplazamiento. Su meta es beneficiar a 98,569 alumnos en 121 instituciones, con una inversión estimada de 769 millones de pesos. Su implementación iniciará con asambleas informativas y un registro del 15 al 21 de diciembre de 2025, que contempla hasta 22 pagos bimestrales (para estudiantes de Medicina puede ser un poco más). Los requisitos incluyen residencia en el estado, inscripción en escuela pública, edad entre 17 y 30 años, no recibir otras becas similares y asistir a las asambleas Sin embargo, el transporte es sólo una de las causas del abandono. El informe “Desafiliación escolar vs Permanencia. Evaluación formativa de las políticas para extender las trayectorias educativas y de aprendizaje en la educación media superior de Guanajuato” muestra que las principales razones por las que los jóvenes dejan la escuela son: rezago de aprendizajes, desmotivación y falta de metas claras; entorno familiar adverso; factores económicos; problemas de transporte y seguridad; falta de sentido de pertenencia en la escuela y; falta de espacios suficientes para inscribirse en las escuelas. Este estudio subraya que “la distancia a las escuelas y la inseguridad en los trayectos son problemas que afectan a estudiantes que viven lejos de los planteles, donde las familias incluso prefieren que las y los jóvenes dejen de asistir a la escuela para evitar riesgos” (p. 129). Es decir, apoyar el transporte es necesario, pero claramente insuficiente. Si se quiere que la beca “Gertrudis Bocanegra” tenga un impacto real, el diseño importa. Algunas opciones serían: emitir una tarjeta inteligente vinculada al transporte público (similar a la tarjeta de movilidad de la Ciudad de México), que únicamente funcione con operadores autorizados por el gobierno, o bien, establecer convenios con transportistas para que otorguen descuentos a estudiantes que presenten su credencial escolar, subsidiando la oferta y no solo la demanda. De lo contrario, existe el riesgo de que el apoyo en efectivo se destine a otros fines y no garantice la permanencia escolar. La escuela expulsa y el crimen recluta Más allá de los anuncios oficiales, la realidad educativa de Michoacán dibuja un “embudo” que alimenta directamente las filas de las economías ilegales. El estado arrastra un rezago histórico en el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios, especialmente a partir de la secundaria. En el ciclo escolar 2024-2025, el sistema educativo michoacano atendió a 1,214,632 estudiantes (sin considerar posgrado) en la modalidad escolarizada. De ellos, un 77% (935,749) están en educación básica, un 14.1% (170,981) en educación media superior y un 8.9% en educación superior. Pero la fotografía más importante no es la de un solo ciclo, sino la de las trayectorias educativas a lo largo del tiempo. Si comparamos dos generaciones: la que está por egresar de la educación superior (2010-2027) y una generación previa (1985-2022) vemos avances, pero también estancamientos preocupantes. De cada 100 niñas y niños que ingresaron a primaria en 1985, sólo 5 terminaron la educación superior. Para la generación que ingresó 25 años después, en 2010, esa proporción se estima en 18 personas que concluirán sus estudios superiores en 2026-2027. Es una mejora importante, pero todavía es muy baja. Al desagregar por nivel, el panorama se matiza. Hay dos buenas noticias: En primaria, de la generación 1985 egresaban 61 de cada 100; en la generación 2010, egresan 98. La pérdida pasó de 32 a solo 2 estudiantes. La transición de primaria a secundaria también mejoró: en 1985, 17 jóvenes que terminaron primaria no lograron iniciar secundaria; en 2010, fueron 13. No obstante, la retención en los niveles posteriores sigue siendo el talón de Aquiles. La generación 2010 perdió más estudiantes en secundaria (21) que la generación 1985 (13). Aunque hoy se gradúa una proporción mayor de jóvenes de secundaria, el sistema sigue expulsando a muchos adolescentes. El problema no es sólo de cobertura, sino también de capacidad para retenerlos. La situación es aún más delicada en la educación media superior. La generación de 1985 perdió a 13 de los 26 estudiantes que ingresaron a este nivel (uno de cada dos). La generación 2010 perdió a 23 de 68 (uno de cada tres). Proporcionalmente, el abandono se redujo, pero en términos absolutos hoy se pierden más estudiantes justo en la etapa en la que el crimen organizado intensifica su reclutamiento. En la educación superior, los indicadores están prácticamente estancados. Para la generación de 1985, 9 de los 13 que egresaron de la media superior lograron ingresar a la universidad y 5 de 9 concluyeron sus estudios. Para la generación 2010, 32 de 45 lograron ingresar y 18 de 32 terminaron. En términos porcentuales, los avances son mínimos: los indicadores de atracción y permanencia son muy similares a los de hace 25 años. A ello se suma un contexto nacional adverso: Michoacán ocupa el quinto lugar en analfabetismo (6.1%) y el 29º lugar en años promedio de escolaridad (9.1), sólo por encima de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La cobertura en primaria es alta, pero el abandono escolar en secundaria (7.3% estatal vs. 3.7% nacional), la media superior (11.2% estatal vs. 11.3% nacional) y la superior (10.4% estatal vs. 7.1% nacional) confirman que el embudo se cierra peligrosamente en la adolescencia y la juventud. Esta fragilidad educativa convive con niveles preocupantes de violencia. Las defunciones por homicidio de niñas, niños y adolescentes aumentaron significativamente a partir de 2016. Entre 2015 y 2019 crecieron 154.4% y, aunque desde 2023 muestran un descenso, se mantienen por encima de los niveles observados en 2018, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Ver Gráfica 1). No se trata de fenómenos aislados: el abandono escolar y la violencia forman parte de la misma historia trágica de jóvenes a quienes la educación no les brinda oportunidades para salir adelante. A ello se suma un componente de género clave. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, en Michoacán, un 81.1% de los delitos son cometidos por hombres, un 9.8% por mujeres y un 6.5% por ambos. Es decir, la política de prevención del delito debería enfocarse explícitamente en adolescentes y jóvenes varones, quienes concentran tanto la mayor participación como la de víctimas y victimarios. El gasto público y la inversión educativa en Michoacán El Plan Michoacán se presenta como una “inversión histórica” por más de 57 mil millones de pesos. Pero una revisión de la evolución del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018-2026 para Michoacán revela un patrón menos épico y más preocupante: se ha modificado la forma en que se financia la educación sin garantizar que esos cambios se traduzcan en mejores servicios educativos. Tres ramos concentran los recursos federales que llegan al estado: el Ramo 11 (SEP), el Ramo 28 (participaciones de libre disposición) y el Ramo 33 (aportaciones etiquetadas para rubros como educación, salud o infraestructura social). En 2018, el Ramo 28 representaba un 40.9% del total de transferencias a Michoacán y el Ramo 33, un 46%. Para 2025, la proporción cambia, debido a que el Ramo 28 sube a un 43.4% y el Ramo 33 baja a un 42.4%. Es decir, se fortalece la bolsa de recursos de libre disposición y se debilita la bolsa de recursos etiquetados, entre ellos los destinados a la educación. En particular, los fondos educativos del Ramo 33 (el Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM; el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA; y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE) han sido históricamente la columna vertebral del financiamiento educativo en el estado. En 2018 sumaban 27,373 millones de pesos, aunque durante varios años han registrado tasas de crecimiento negativas y cerrarán 2026 con una disminución de un 2.2% respecto del año previo. Esto implica un estancamiento real en la capacidad de financiar la infraestructura, la nómina y la operación del sistema educativo. El caso de los cambios en el Ramo 28 es interesante (ver la Tabla 2). En los hechos, implica que la federación reduce su compromiso directo con el financiamiento de los servicios educativos y traslada al gobierno estatal la responsabilidad política y financiera de decidir cómo cubrir los huecos. Mientras el Ramo 33 obliga por ley a gastar en educación o salud, el Ramo 28 puede destinarse al gasto corriente, al pago de deuda, a la comunicación social u otras prioridades coyunturales. En un contexto de presiones fiscales y múltiples urgencias, la educación corre el riesgo de perder terreno frente a otros gastos. El Ramo 11, ejercido directamente por la SEP en la entidad, tampoco ofrece certeza: ha tenido años de incrementos, como el 13.6% en 2024, pero también recortes importantes. Es difícil hablar de “reconstrucción” educativa con un financiamiento tan volátil. Si el gobierno federal quiere que el Plan Michoacán sea algo más que un anuncio, las cifras de gasto educativo en 2026 deberán superar los 14,607 millones de pesos registrados para 2025 en el Ramo 11 y, al menos, mantener o incrementar los 26,799 millones de pesos del Ramo 33 destinados a la educación. De lo contrario, la “inversión histórica” quedará más en el discurso que en las aulas. El Plan Michoacán: ¿solución o más de lo mismo? Michoacán se ha convertido en un laboratorio recurrente de las fallas del Estado mexicano. Al comparar el Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” (2025) con el plan “Por Michoacán, juntos lo vamos a lograr” (2014) del gobierno de Enrique Peña Nieto, surge una sensación inevitable de déjà vu: ambos se presentan como respuestas de emergencia ante crisis de gobernabilidad profunda (en 2014 por el surgimiento de las autodefensas y en 2025 por el asesinato del alcalde de Uruapan). Hace diez años, la apuesta fue la infraestructura institucional: comisionados federales, presencia militar y programas de gran obra pública. Hoy la apuesta gira hacia las transferencias directas: becas, programas sociales y apoyos al ingreso. Es un cambio importante, pero corre el riesgo de chocar con la misma realidad económica delictiva que se pretende combatir. En el ámbito educativo, el contraste es claro. El gobierno de Peña Nieto partió de la idea de que la dignidad del espacio físico era central para atraer y retener estudiantes. De ahí los programas Escuelas Dignas y Escuelas al CIEN, así como la expansión de las Escuelas de Tiempo Completo, que, además de ampliar la jornada, abordaban problemas de alimentación y de aprovechamiento escolar. Por su parte, la propuesta educativa del gobierno de Sheinbaum, en cambio, se apoya en el bolsillo: equiparar la beca a la permanencia. La beca de transporte “Gertrudis Bocanegra” ofrece 1,900 pesos bimestrales para eliminar barreras de movilidad, y la beca universal de educación básica “Rita Cetina” busca que prácticamente todas las niñas y los niños de primaria y secundaria cuenten con un apoyo económico. El objetivo federal es otorgar en Michoacán 892,639 becas. El salto presupuestal es enorme: significaría pasar de 3,830.8 millones a 6,300 millones en un año, “inyectando” 2,469.2 millones. El gobierno anunció la entrega de 892 mil becas para 2026, pero la mayor parte del presupuesto se concentrará en educación básica. De los 6,300 millones de pesos previstos, casi dos terceras partes (62.6%) se destinarán a la beca “Rita Cetina” para primaria (sin ampliarse a secundaria), que crecerá de cubrir al 37% al 79% del alumnado público. En cambio, la expansión en los otros niveles será mucho menor. Para media superior, se prevén 124 mil becas, apenas un aumento de 3.6%, con un presupuesto de 1,178 millones. En educación superior, el panorama es desigual. Las becas “Jóvenes Escribiendo el Futuro” incluso bajan respecto a 2025 (de 20,871 a 17,597 estudiantes), mientras que las nuevas becas “Gertrudis Bocanegra” cubrirían a toda la matrícula pública universitaria con apoyo para transporte (98,569 becas), recibiendo 769 millones, casi el doble de lo destinado a “Jóvenes Escribiendo el Futuro”. En conjunto, únicamente un 18.7 % del presupuesto irá a la educación superior y, al sumar la media superior, ambos niveles recibirán un 37.4 % del total. Esto significa que básica absorberá un 62% del gasto y del aumento previsto para 2026, aun cuando los mayores retos educativos se concentran en secundaria, preparatoria y universidad. De esta forma, se observa que el gobierno federal no está destinando el gasto educativo a los niveles con mayores desafíos (secundaria, media superior y superior). El Plan Michoacán presume alcanzar una cobertura de becas de 97.8% en educación básica, prácticamente universal. Pero el punto crítico en el que los jóvenes abandonan la escuela y se vuelven más vulnerables al reclutamiento criminal no es la primaria, sino la transición de la secundaria a la media superior, entre los 15 y los 17 años. Es ahí donde la deserción se dispara y el Estado pierde la capacidad de retener, orientar y proteger. Distribuir miles de millones a niveles donde la permanencia escolar ya es alta genera una ineficiencia clara: se subsidia a hogares que —estadísticamente— habrían mantenido a sus hijas e hijos en la escuela incluso sin beca, mientras se sigue sin atender a fondo los niveles donde el abandono y el riesgo criminal son mayores. A esto se suma una paradoja demográfica: la matrícula educativa en Michoacán está disminuyendo. Entre 2024 y 2026, el sistema perderá cerca de 50 mil estudiantes. El presupuesto crece un 237%, pero la población objetivo se reduce. Dispersar recursos es políticamente más rentable y rápido que administrar comedores escolares, reforzar tutorías académicas o construir infraestructura educativa con tecnología para multiplicar las oportunidades de aprendizaje, pero no necesariamente más efectivo para evitar que los jóvenes abandonen la escuela. El propio Plan Michoacán reconoce que en la educación media superior se otorgarían 124 mil becas, lo que representaría un 73% de la matrícula escolar. En educación superior, la meta es llegar a 17,597 jóvenes, apenas un 16.3% de la matrícula. Es decir, las becas siguen sin cubrir los vacíos de mayor abandono, especialmente en la universidad. Becas contra la nómina del narco Desde una perspectiva de política pública, la idea de competir con el narco “atendiendo las causas” mediante becas tiene límites muy claros. El sistema educativo, con apoyos bimestrales, intenta hacer frente a un sistema económico ilegal que ofrece liquidez inmediata y montos abiertamente superiores. Los diagnósticos disponibles muestran que, en regiones como la Tierra Caliente, el crimen organizado recluta a adolescentes ofreciéndoles entre ocho mil y quince mil pesos semanales por tareas como fungir de “halcones”. Frente a eso, el mensaje de “estudia, aguanta años en un sistema que no te garantiza aprender bien ni conseguir un empleo estable después” pierde su atractivo real. Además, el modelo de transferencias directas conlleva riesgos operativos importantes. El dinero depositado en las tarjetas puede diluirse en el gasto cotidiano de familias que viven al día, sin asegurar que se destine al transporte, a materiales o a la permanencia en la escuela. Si las escuelas siguen en malas condiciones físicas, con pocos apoyos pedagógicos y con docentes que batallan para que sus estudiantes comprendan lo que leen o resuelvan operaciones básicas, la beca no resuelve las causas profundas del abandono escolar. Además, hay un problema elemental de seguridad. Es difícil hablar de becas de transporte cuando las rutas están controladas por grupos armados que extorsionan o reclutan forzosamente a jóvenes en el camino a la escuela. Financiar el traslado no sirve si el Estado no puede garantizar que el trayecto a la escuela sea seguro. Como hemos documentado en “Más becas, menos equidad”, las becas en media superior se concentran en buena medida en el tercer año, cuando el abandono ya se redujo, y llegan tarde a los estudiantes de primero, quienes más desertan. Tampoco se financian políticas que aborden la razón principal por la que muchos jóvenes se desconectan de la escuela: arrastran graves carencias de aprendizaje desde primaria y secundaria. No entienden lo que leen; o carecen de bases matemáticas y de pensamiento científico y terminan convencidos de que la escuela “no es para ellos”. En ese contexto, una oferta delictiva que promete ingresos altos a corto plazo se vuelve una tentación más fuerte que una beca que no cambia su experiencia escolar. Reflexión final Michoacán vive hoy una derrota social en la que la violencia ocupa el lugar que debería corresponder a la educación. Casos como el de Víctor Manuel “N” muestran que el problema no se resuelve con “inversiones históricas” anunciadas en conferencias, sino con decisiones mucho más difíciles: garantizar trayectorias educativas completas, seguras, pertinentes y con sentido para los jóvenes. El diagnóstico es claro: el sistema educativo ha avanzado en la cobertura y la conclusión de la primaria, pero sigue expulsando a miles de adolescentes y jóvenes en secundaria, media superior y superior. Es precisamente en esas edades cuando el crimen organizado intensifica su reclutamiento, como lo ilustran el aumento de los homicidios de NNA desde 2016 y la mayor participación de varones en la comisión de delitos. El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia 2025, aunque promete recursos sin precedentes, se parece demasiado a su antecesor de 2014: recicla programas, reorganiza el presupuesto y cambia la narrativa, pero no altera la estructura que permite que el crimen llegue antes que la escuela a la vida de muchos jóvenes. La apuesta por las transferencias directas busca dar una respuesta económica a un problema que también es educativo, institucional y territorial. Sin embargo, mientras el Estado no garantice escuelas que enseñen bien, trayectos seguros y oportunidades de empleo formal al egresar, las becas seguirán siendo un paliativo importante, políticamente rentable pero insuficiente para otorgarle un mejor futuro a la mayoría de sus beneficiarios. El componente educativo del Plan Michoacán sólo tendrá sentido si se acompaña de tres condiciones mínimas: seguridad en el territorio y en los trayectos escolares, una política seria de mejora de aprendizajes que devuelva sentido a la escuela, y una articulación real entre estudios y empleo digno en la región. De lo contrario, seguiremos discutiendo planes, montos y programas mientras el crimen organizado sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: reclutar a los jóvenes que la escuela y el Estado dejaron ir.