Por Marco A. Fernández Martínez ¿Aprenderán más los estudiantes cuando guarden el celular durante la jornada escolar? La pregunta viene a cuento porque el próximo 3 de noviembre entra en vigor la restricción al uso del celular en educación básica durante toda la jornada escolar, incluido el recreo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió esta medida en el Acuerdo 09/09/26 . Reducir las distracciones es un propósito deseable y atendible. Sin embargo, para saber si la medida funciona, habrá que mirar también qué aprenden los alumnos, cómo conviven, qué ocurre con la enseñanza en las escuelas y si se aprovecha o se inhibe el uso de la tecnología en las aulas. La justificación de la medida se basó en la percepción del personal escolar. La SEP consultó a 565 mil 396 docentes, directivos y otras figuras educativas, y 78.1% vinculó los dispositivos a la falta de atención . Esa mirada del personal escolar es valiosa, aunque pasa por alto lo que viven los estudiantes y las familias y no mide los cambios en el aprendizaje. Reconocer que el celular distrae no basta para saber si restringirlo mejora el aprendizaje. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo , basado en datos de la prueba PISA, encontró que las restricciones se asocian con menos distracciones y, cuando se aplican de manera efectiva, con mejores resultados académicos. Sin embargo, en América Latina, esta última relación es menos consistente y sólo se observa bajo las condiciones de cumplimiento más estrictas. La lección para México es evaluar qué ocurre en las aulas , sin dar por hecho que guardar el teléfono se traducirá en aprender más. El Acuerdo permite usar el celular con fines pedagógicos, pero esa posibilidad no se aplica por igual en todas las escuelas. En la iniciativa Aprender Parejo documentamos en 2024 que apenas el 35% de las escuelas públicas de educación básica contaba con computadoras e internet para la enseñanza. En nuestro análisis Proteger el aprendizaje sin ampliar brechas estimamos, con datos del INEGI, que para más de la mitad (56.3%) de las y los usuarios de celular de seis a 17 años, el teléfono es su única herramienta digital. En esos contextos, una excepción que obliga a programar cada uso puede resultar difícil de aplicar y, en la práctica, la restricción funcionaría como una prohibición. En nuestros análisis hemos detectado, además, una tensión entre normas. Por un lado, la Ley General de Educación habilita el uso de la tecnología para fortalecer el aprendizaje y cerrar la brecha digital . Por el otro, el perfil de egreso de la Nueva Escuela Mexicana exige que las y los estudiantes la aprovechen para obtener, seleccionar y evaluar información. El Acuerdo, en cambio, restringe su uso sin mencionar ese rasgo ni prever la formación docente. Las tres normas pueden convivir, porque el Acuerdo conserva el uso pedagógico , pero que la tecnología se aproveche o se inhiba dependerá de que cada programa docente use con intención pedagógica, algo que exige una urgente formación y alfabetización digital. Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 , entre los 12 y los 14 años, sólo uno de cada cuatro estudiantes (26,2%) declara saber cuidar la seguridad de su dispositivo, la privacidad de sus datos y la confiabilidad de lo que consulta. En contraste, entre los usuarios de celular de esa edad, 88.2% lo emplea para actividades escolares, aunque no necesariamente en el aula. Esa distancia entre el uso cotidiano y las capacidades para hacerlo de manera segura refuerza la necesidad de acompañar la regulación con formación digital. La evaluación debe observar tanto si disminuyen las distracciones como si los estudiantes desarrollan esas habilidades. En nuestro análisis “ Restringir sin prohibir ”, de próxima publicación en México Evalúa, proponemos tres criterios para ello. El primero es la implementación, que debe mostrar qué escuelas construyeron acuerdos, cuáles cuentan con equipo para su uso pedagógico y qué proporción de docentes recibieron formación para aprovecharlo. El segundo son los resultados, que tendrían que ir más allá de la atención percibida e incluir la convivencia, el ciberacoso y el aprendizaje. El tercero es la equidad, que exige reportar por Clave de Centro de Trabajo y desagregar por nivel, grado, sostenimiento, localidad y marginación. La ENDUTIH ofrece una fuente para dar seguimiento a esa dimensión. La SEP debe definir desde ahora cómo dará seguimiento y evaluará la medida. Publicar el cuestionario y los datos anonimizados de la consulta de agosto, desagregados por nivel y grado, permitiría conocer mejor las percepciones del personal escolar. Dado que el Acuerdo aplica la misma regla a toda la educación básica, contribuiría incluso a precisar las diferencias en el uso de los dispositivos, que va del 4.6% en preescolar al 84.1% en secundaria. Antes de aplicar la restricción, esa información debería complementarse con mediciones del aprendizaje, de la convivencia y de las habilidades digitales. Medir por nivel y grado daría a las revisiones semestrales la base para valorar si la regla debe ajustarse a cada etapa. A los seis ya los 12 meses, habría que revisar qué cambió y distinguir cuánto de ello puede atribuirse a la medida. La SEP y los estados deben acordar quién realizará la evaluación, cómo participarán los estudiantes y las familias, y cuándo se publicarán los resultados. Los Consejos Técnicos Escolares pueden recopilar las experiencias sin sobrecargar a los docentes con nuevos trámites. Guardar el celular puede contribuir a recuperar la atención. La responsabilidad de la SEP es demostrar si esa atención se traduce en mejores aprendizajes, alfabetización digital y en una mejor convivencia , y corregir la medida cuando sea necesario. Para hacerlo, debe definir desde ahora qué evaluará y publicará los resultados. La prueba de esta política estará en lo que los estudiantes logren aprender y en las oportunidades que tengan para usar la tecnología con criterio. ****Líder de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y coordinador de los programas de Educación y Anticorrupción en México Evalúa.