Por Javier Pérez González Profesor de Comunicación, Investigación e Incidencia para el Cambio Social, Universidad Pontificia Comillas El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia. Democracia es una palabra grande, que a menudo escribimos con mayúscula. Pero su ejercicio debería estar compuesto de pequeñas acciones cotidianas que nos involucren, como ciudadanos y ciudadanas, en ese gobierno diario de nuestras ciudades, nuestros países y nuestras vidas. A menudo, el ejercicio de la democracia es una carrera de obstáculos, un perderse en callesjones, un deambular a ciegas sin información. Aunque siete de cada diez encuestados en un reciente estudio de 40dB apoya la democracia en España, la mayoría cree que se está deteriorando y su apoyo cae entre las generaciones más jóvenes. No hay democracia que sobreviva al rechazo ciudadano, y quizás tampoco a su indiferencia. El sistema necesita una modernización. Hace apenas dos meses, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, avanzaba en el Congreso su Plan de Acción para la Democracia , reconociendo la necesidad de una regeneración del sistema. Se agradece que la calidad de la democracia esté en la agenda, pero es el momento de poner en marcha las reformas pendientes: el Gobierno se juega en ello su credibilidad y la ciudadanía nos jugamos mucho más; la posibilidad de vivir o no con derechos y libertades. Por eso, 35 organizaciones sociales, como Political Watch , Hay Derecho , APRI y Access Info , se han unido para recordarle –en este manifiesto– que un país no puede vivir de lo que hizo bien sin pensar en cómo puede hacerlo mejor. España ha sido un ejemplo notable de transición y consolidación democrática en las últimas décadas, pero el desgaste del sistema, su falta de modernización y de participación ciudadana, la corrupción, la desconfianza, la falta de transparencia, la desinformación y el amenazante contexto internacional hacen que este momento no se pueda posponer. Por otro lado, es cuando menos curioso que un plan del cariz del que anunció el presidente Sánchez se esté diseñando de esta manera tan poco democrática: sin consultar para su elaboración con la sociedad civil ni con las organizaciones especializadas. Regenerar sin escuchar puede llevar a cabo un plan dietético y ligero . Siete áreas críticas a mejorar Para que esto no ocurra, las entidades firmantes del manifiesto han identificado siete áreas en las que el Gobierno debería tomar medidas urgentes. Medidas que organismos como la Comisión Europea, a través de su informe sobre el Estado de derecho en España , y el Consejo de Europa, mediante el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), han señalado reiteradamente como áreas críticas en las que nuestro país debe mejorar para asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública. Entre ellas se encuentran reconocer el acceso a la información como derecho fundamental y regular la participación de los lobbies en la elaboración de normas y políticas públicas. También hay que mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, evitando abusar del decreto-ley y la promulgación de normas que generan incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes. En el caso de la participación ciudadana, que la Constitución consagra en el artículo 23.1, los expertos proponen activar mecanismos innovadores como paneles y asambleas ciudadanas y convertir el derecho de petición ante las administraciones en una herramienta ágil y útil para los ciudadanos. En materia de rendición de cuentas, una de las peticiones más claras de la ciudadanía a la clase política es que funcionarios y responsables políticos tengan que adoptar un código ético obligatorio. También que las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios sean públicas y que se crea una oficina independiente con capacidad de imponer sanciones a quienes incurran en conflictos de intereses. Para que la separación de poderes sea realidad, hay que hacer más transparente y menos discrecional el sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores. Y finalmente, es imprescindible combatir la desinformación, pero hay que hacerlo respetando la libertad de información y el pluralismo de los medios. Esto implica la promoción de la educación mediática, la transparencia en la financiación de los medios de comunicación y la mejora en el gobierno de los medios de titularidad pública. Desinformación y libertad de expresión. La desinformación se ha formado también parte del mensaje del secretario general de la ONU para este Día Internacional de la Democracia 2024 , como un efecto indeseable de la inteligencia artificial (IA). La IA, que Antonio Guterres entiende como “herramienta para la buena gobernanza”, podría tener también implicaciones negativas para la democracia, por la proliferación de la información errónea, la difusión del discurso de odio y el uso de la llamada ultrafalsificación. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de expresión; derechos que pueden estar siendo limitados en España por los efectos de la implementación de la ley mordaza (según el indicador internacional CIVICUS ). También la Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha instalado en España a reformar la ley mordaza y el Código Penal para evitar que acciones de control y contención por parte de las fuerzas de seguridad puedan ser abusivas o desproporcionadas, especialmente en el caso de los defensores. de derechos humanos y los periodistas. Sabemos que el 80% de los jóvenes no se sienten escuchados por los políticos y que esa es una de las razones de la desafección social hacia la política y de la erosión democrática. Si ese dato tan potente lo recibiera un candidato político en una encuesta preelectoral, se echaría las manos a la cabeza y tomaría medidas urgentes. Eso es, ni más ni menos, lo que necesita la ciudadanía.