Por Marco Antonio Fernández y Javier Patiño García* Una madre le da el teléfono celular a su hija para que avise cuando llegue a la escuela, no para que juegue. Si entra en vigor la prohibición anunciada por el Gobierno federal, llegando al plantel (y después de avisar a su mamá) esa niña tendrá que entregar el aparato. Definir en dónde y a quién debe dejarlo parece una minucia, pero puede hacer que la medida funcione o se quede en el papel. El pasado 3 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, antes del siguiente ciclo escolar, el Gobierno federal presentará una regulación sobre el uso de dispositivos digitales en las escuelas. La preocupación es legítima: el uso excesivo del celular en el aula distrae, y la evidencia internacional apunta a efectos sobre la atención, el aprendizaje y el bienestar emocional. El debate académico sigue abierto sobre la magnitud de esos efectos y la forma de responder a ellos. El celular es el problema y, a la vez, la única computadora En México, apenas el 35 por ciento de las escuelas públicas de educación básica cuentan con computadoras e internet con fines pedagógicos, según documentamos en el estudio Aprender Parejo. Fuera de la escuela ocurre lo contrario. Alrededor de 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes —la mitad del total— viven en hogares sin computadora, laptop ni tablet. Seis de cada diez usuarios de internet entre seis y 17 años se conectan únicamente por celular, y tres de cada cuatro (77.5 por ciento) lo ocupan para actividades escolares. El celular dejó de ser un accesorio: en ocasiones es la única infraestructura educativa digital disponible. Dicho de otra forma, la escuela no tiene computadora y la casa sí tiene un celular. Lo anterior no pone en duda que haya que regular el uso de los dispositivos móviles en la jornada escolar ni las excepciones de salud y discapacidad que toda norma contempla. En cambio, muestra que la regla no puede ser la misma para un niño de primaria que para una joven de bachillerato que hace su tarea en el teléfono, ni para una escuela con equipo de cómputo que para una que no cuenta con electricidad. Todas las cifras mencionadas son estimados que obtuvimos en la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) a partir de microdatos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Otros países ya lo intentaron y ninguno la tuvo fácil Hay, además, una objeción a la que casi nadie en el debate público ha respondido y que es la primera que plantean las familias: la seguridad. Muchas madres y padres dan el celular a sus hijos para saber que llegaron bien. Una regulación seria tiene que establecer cómo se resuelve eso. Suecia obliga a recoger los aparatos al inicio de la jornada y devolverlos al final. Existen también fundas con candado que permiten abrirlas en caso de emergencia y canales directos entre la escuela y la familia que hoy muchos planteles en nuestro país no tienen. Ignorar esa preocupación es la forma más rápida de perder el apoyo de quienes tienen que hacer que la medida funcione en casa. Los anuncios de política pública se parecen entre sí, pero los resultados dependen de cómo se apliquen. El patrón se repite en cada país: la ley se aprueba en pocos meses, pero su aplicación toma años. Donde no se previeron las condiciones para hacerla efectiva, la norma se quedó en el papel. Tres lecciones para una política educativa mexicana Primera lección: antes de que la regla entre en vigor hay que definir cómo se aplica la restricción, y financiar su implementación. Dónde se guardan los aparatos, quién es responsable de recogerlos y devolverlos, qué protocolo se aplica cuando un estudiante se niega y con qué acompañamiento cuenta cada plantel desde la autoridad estatal y federal. El caso brasileño es una advertencia útil. Brasil y México son federaciones grandes y desiguales, donde una ley aprobada en el centro debe aplicarse en cientos de miles de escuelas con capacidades muy distintas entre sí. Sin acompañamiento presupuestal, cada escuela resolverá con lo que tenga a la mano, lo cual en muchos planteles no es mucho. Segunda lección: los maestros necesitan un respaldo explícito. Recoger y devolver un teléfono suena trivial hasta que un alumno se niega y el personal docente no tiene protocolo ni autoridad clara. En varias provincias de Canadá y en 26 estados de Estados Unidos esa facultad está escrita en la norma. Aquí, todavía no. La formación docente y el respaldo institucional son parte del costo de la política, no un añadido opcional. Sin ellos, lo previsible es conflicto en el aula y cumplimiento diluido. Tercera lección: restringir el uso del celular en el aula necesita una política complementaria de alfabetización digital. Como documentamos en Aprender Parejo entre 2018 y 2022, la proporción de estudiantes capaces de crear un archivo de texto cayó de 36 a 31 por ciento, y la de quienes programan, de 8 a 6 por ciento. Formar habilidades digitales y pensamiento crítico frente a las plataformas no es un tema separado, es la otra mitad de la política, y se vuelve más urgente con la irrupción de la inteligencia artificial en el trabajo escolar. El problema de fondo es que no vamos a saber si funcionó El Gobierno de México desmanteló su capacidad de evaluación educativa. La reforma constitucional de 2019 extinguió al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y creó en su lugar a Mejoredu que, a su vez, fue liquidada en junio de 2025. El ciclo escolar 2025-2026 arrancó sin un órgano evaluador autónomo. México también salió, desde 2019, de la única medición regional comparable de aprendizajes en primaria: el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Vamos a legislar sobre el uso de dispositivos digitales sin capacidad instalada para saber, dentro de tres años, si la política protegió los aprendizajes o solo produjo cumplimiento en el papel. Tampoco es que haya que partir de cero: 16 entidades ya han regulado con reglas distintas entre sí. Nadie ha publicado qué funcionó y qué no en esas aulas; pero esa variación es precisamente el material que aprovecharía cualquier arquitectura de evaluación. Lo mínimo, ante un problema así, es que los estados intercambien lo que aprendieron y que la autoridad federal lo recoja antes de redactar la norma. De ahí se desprenden tres exigencias mínimas para la regulación que viene: Condiciones operativas definidas y presupuestadas para cada nivel educativo. Protocolos que indiquen a cada docente y a cada directivo qué hacer, y que los respalden cuando lo hagan. Indicadores de aprendizaje y de bienestar emocional, con instrumentos, plazos y desagregación definidos desde el arranque. La política que no se puede medir tampoco se puede corregir. Ojalá que los foros anunciados en los estados sirvan para escuchar a especialistas y, sobre todo, a las comunidades escolares que ya han vivido una prohibición. Que sirvan para afinar la regulación y no para sustituir la discusión de fondo: qué pasa con el aprendizaje y la salud emocional de los estudiantes. Anticipar los problemas de implementación no estorba a la regulación; la hace posible. ******Marco Antonio Fernández es coordinador del programa de Educación y Anticorrupción en México Evalúa y director de la IEEC de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey. Javier Patiño García es investigador de la IEEC. Los autores agradecen las observaciones de Sandra Reyes y Karla Contreras.