Por Joseph Solís-Mullen A los estadounidenses se les enseña que la Constitución culminó la Revolución. Los Artículos de la Confederación eran débiles, reinaba el desorden, la Rebelión de Shays aterrorizó al campo, y estadistas sensatos en Filadelfia diseñaron heroicamente una «Unión más perfecta», según cuenta la historia. La Constitución aparece así como el mayor logro de la Revolución. Pero, como demostró Rothbard, la Constitución no fue la culminación de la Ley de 1776, sino más bien su anulación. Después de todo, ¿acaso los estados americanos no acababan de librar una guerra para rechazar el control centralizado del Parlamento en Londres? ¿Por qué, apenas cuatro años después de Yorktown, muchos de los mismos líderes revolucionarios abogaban por una nueva autoridad nacional consolidada, dotada de poder tributario, un ejército permanente, supremacía sobre las leyes estatales y un poder judicial independiente, aislado del control democrático directo? En efecto, el quinto volumen de Conceived in Liberty, de Murray Rothbard, nos invita a reconsiderar el momento fundacional no como un triunfo, sino como una contrarrevolución. Y la erudición revisionista moderna —desde Charles Beard hasta Michael Klarman— sugiere que esta interpretación merece más atención de la que suele recibir. Los Artículos: ¿Caos o libertad? La narrativa convencional insiste en que los Artículos de la Confederación fueron un fracaso. El Congreso no podía recaudar impuestos. No podía regular el comercio eficazmente. Tenía dificultades para pagar las deudas de guerra. La Rebelión de Shays pareció revelar una debilidad fatal, etcétera. Pero ¿debilidad ante quién? Bajo los Artículos de la Confederación, la autoridad política se descentralizó radicalmente. El Congreso carecía de ingresos propios y dependía de los estados. No existía un poder ejecutivo, ni un poder judicial nacional, ni un ejército permanente en tiempos de paz. A los territorios occidentales se les prometió un eventual autogobierno. Desde la perspectiva de la desconfianza revolucionaria hacia el poder centralizado, este arreglo no representaba un problema, sino la extensión lógica de 1776. La Revolución se había librado, al fin y al cabo, contra una legislatura lejana que reclamaba autoridad absoluta sobre los asuntos coloniales. El Parlamento imponía impuestos sin representación. Imponía leyes de navegación y restricciones comerciales. Desplegaba tropas en tiempos de paz. La queja de los colonos no era simplemente la tributación, sino la concentración del poder: el poder se arrebataba a las instituciones locales y se concentraba en un centro sin rendición de cuentas. Los Artículos de la Confederación plasmaban el principio opuesto: la soberanía residía en los estados, con el Congreso actuando como su representante. Sin embargo, a mediados de la década de 1780, una coalición de nacionalistas argumentó que esta descentralización había llegado demasiado lejos. La rebelión de Shays y el miedo de la élite Gran parte de la urgencia por la reforma constitucional surgió de la Rebelión de Shays en Massachusetts (1786-1787). La versión clásica describe a campesinos deudores desesperados rebelándose contra la autoridad legítima. Pero, como demostró Leonard Richards en *La Rebelión de Shays: La Batalla Final de la Revolución Americana* , el levantamiento fue menos una revuelta de campesinos insolventes que una revuelta fiscal contra la agresiva aplicación de la deuda y los elevados impuestos estatales destinados a financiar los bonos de guerra. Esos bonos solían ser adquiridos con grandes descuentos por especuladores —muchos de ellos comerciantes y financieros del este— que ahora exigían su reembolso a su valor nominal. La carga impositiva recaía desproporcionadamente sobre los agricultores del oeste. Cuando los tribunales comenzaron a confiscar propiedades por impuestos impagados, los rebeldes los clausuraron. Para los nacionalistas, esto no fue una protesta populista, sino un exceso democrático. Para hombres como George Washington y James Madison, la Rebelión de Shays confirmó su temor de que las mayorías locales pudieran amenazar los derechos de propiedad y los intereses de los acreedores. Aquí la interpretación de Rothbard coincide con la tesis previa de Charles Beard en su obra Una interpretación económica de la Constitución de los Estados Unidos . Beard argumentó que la Constitución reflejaba los intereses de los tenedores de bonos, las élites comerciales y los acreedores nacionales, quienes deseaban un gobierno central más fuerte para garantizar el pago de las deudas públicas y estabilizar el comercio. Si bien el determinismo de Beard ha sido criticado, pocos niegan que las preocupaciones financieras tuvieron una gran influencia en Filadelfia. La obra de Michael Klarman, * El golpe de Estado de los Fundadores*, refuerza esta idea. Klarman demuestra que la Constitución no fue el resultado inevitable del consenso nacional, sino el producto de maniobras estratégicas de élites políticas que capitalizaron la ansiedad económica y el temor al desorden. La Convención de Filadelfia excedió su mandato de enmendar los Artículos y, en su lugar, redactó un marco de gobierno completamente nuevo. Las reglas de ratificación se modificaron para eludir a las legislaturas estatales recalcitrantes en favor de convenciones elegidas especialmente. Si la Revolución fue un levantamiento popular contra la autoridad imperial consolidada, la Constitución fue sin duda una respuesta orquestada al descontento popular interno. De la Confederación a la Consolidación El cambio fue profundo. Bajo la Constitución, el Congreso obtuvo poder tributario independiente. La ley federal se convirtió en suprema. Un poder judicial nacional podía invalidar la legislación estatal. El poder ejecutivo ganó fuerza y ​​permanencia. Los ejércitos permanentes eran constitucionalmente permisibles. El comercio interestatal quedó bajo autoridad federal. La lógica de 1776 se había invertido. Ya no se presumía que el poder residía en las instituciones locales a menos que se delegara explícitamente; en cambio, el nuevo gobierno poseía poderes enumerados cuya interpretación se ampliaría inevitablemente. La Cláusula de Supremacía y la Cláusula de Poderes Necesarios y Apropiados se convirtieron rápidamente en instrumentos de consolidación. Los nacionalistas defendieron estos cambios como esenciales para proteger la libertad. ¿Pero libertad para quién? Para los acreedores públicos y los intereses comerciales, la consolidación nacional prometía estabilidad, uniformidad y un servicio de la deuda fiable. Para los estados esclavistas, la Constitución protegía la institución mediante cláusulas que salvaguardaban el comercio de esclavos (durante veinte años), los esclavos fugitivos y el compromiso de las tres quintas partes. Los intereses regionales y económicos se alinearon en torno a la centralización. La Constitución no solo fortaleció la unión, sino que alteró fundamentalmente el equilibrio de soberanía. ¿Traición o transformación? Calificar la Constitución de «traición» puede sonar exagerado. Al fin y al cabo, la Declaración de Derechos no tardó en llegar, y muchos antifederalistas acabaron acatándola. Pero consideremos la premisa revolucionaria: que el poder centralizado y distante es peligroso; que los ejércitos permanentes amenazan la libertad; que la tributación requiere un consentimiento estricto; que el autogobierno local es el baluarte de la libertad. Estas no eran quejas secundarias, eran la esencia de la Revolución. Sin embargo, apenas una década después de la independencia, destacados revolucionarios respaldaron un gobierno nacional consolidado capaz de ejercer precisamente los poderes que antes habían sido denunciados en el Parlamento. El objetivo había cambiado; la estructura se asemejaba cada vez más a lo que había sido rechazado. La ironía es asombrosa. La misma generación que se resistió a la pretensión de Londres de supremacía sobre las legislaturas coloniales creó un gobierno federal con supremacía sobre los estados. La tesis de la contrarrevolución Nada de esto implica idealizar los Artículos de la Confederación ni negar sus debilidades. Tampoco supone rechazar la Constitución por completo. Pero sí requiere abandonar el mito de la inevitabilidad y la suposición de que 1787 simplemente perfeccionó 1776. La Revolución Americana contenía impulsos contrapuestos: la descentralización radical y la consolidación de las élites. En Filadelfia, prevaleció esta última. Si la Revolución fue, en parte, una revuelta contra el poder imperial centralizado, entonces la Constitución representó no su culminación, sino su reorientación. La cuestión que subsiste no es si la Constitución estableció algún orden (lo hizo); la cuestión es si, al hacerlo, comprometió los principios anticentralistas que impulsaron la ruptura con Gran Bretaña. Para aquellos dispuestos a revisar la fundación sin piedad, la respuesta puede resultar incómoda. Pero la historia rara vez halaga a los vencedores de las contrarrevoluciones. ****Joseph Solis-Mullen es politólogo, economista y becario Ralph Raico en el Instituto Libertario. Graduado de la Universidad de Spring Arbor, la Universidad de Illinois y la Universidad de Missouri