SEP evade reclamo de egresados de Universidad del Bienestar que exigen su cédulas profesionales

foto-resumen

Ciudad de México, enero 21.- Una vez más, la Secretaría de Educación Pública (SEP) evadió su responsabilidad de resolver la exigencia de exalumnos de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, uno de los proyectos emblemáticos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para que se les entreguen certificados y títulos con reconocimiento oficial, indispensables para tramitar su cédula profesional. El problema persiste porque su historial académico no ha sido dado de alta ante la Dirección General de Profesiones. La respuesta de la SEP se limitó al envío de un correo electrónico, dirigido a una de las alumnas que ha denunciado públicamente la falta de atención. En el mensaje, la dependencia informa que la petición fue turnada al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar, encabezado por Raquel Sosa Elizaga, instancia que, según los propios egresados, ha incumplido reiteradamente compromisos previos e incluso ha ignorado amparos promovidos por estudiantes de la licenciatura en Derecho. En el correo, la SEP señala a la exalumna que podrá dar seguimiento a su solicitud a partir del 27 de enero. “Usted podrá comunicarse al teléfono o correo electrónico mencionados para requerir una respuesta y/o saber del estado que guarda su petición”, se lee en el documento, que únicamente proporciona un número de conmutador y una dirección de correo electrónico, sin plazos concretos ni responsables directos. La falta de una solución efectiva es en respuesta a protesta realizada el pasado 16 de enero, cuando egresados de distintas generaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad del Bienestar se manifestaron en los accesos de Palacio Nacional. En esa ocasión, los egresados exigieron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que califican como una cadena de omisiones, falta de compromiso y negligencia administrativa por parte de las autoridades educativas. Los exalumnos aseguran que son más de mil los afectados en todo el país, quienes, pese a haber concluido formalmente sus estudios, enfrentan la imposibilidad de ejercer su profesión al no poder tramitar la cédula profesional, requisito indispensable para incorporarse al mercado laboral en condiciones legales y formales.