Por Leonardo Huerta Mendoza De acuerdo con el INEGI, en nuestro país hay 3 millones 700 mil niñas, niños y adolescentes de cinco a 18 años que realizan trabajo infantil, el cual se define como las actividades productivas o económicas que interfieren con su desarrollo adecuado y con su educación. El trabajo infantil se clasifica en ligero, peligroso, forzado y doméstico en condiciones no adecuadas. Las diferencias dependen de la edad y del tipo de actividad desempeñada. La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 del INEGI encontró que, de los 3 millones 700 mil infantes que trabajan, 2.1 millones lo hicieron en alguna actividad no permitida. De ellos, el 92.5 % participó en actividades consideradas peligrosas, como la minería o labores agropecuarias. Además, 1.9 millones se dedicaron a quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. “Abordar este tema es muy importante. Desde hace tiempo estoy haciendo estudios sobre el trabajo infantil y me he dado cuenta de lo enorme que es este problema”, dice María del Carmen Macías Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). “Como sociedad, junto con las autoridades responsables, debemos velar por ellos y hacer muchos más esfuerzos para ayudarlos, porque estamos hablando de los seres humanos más vulnerables”. Según la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, se considera niño a todo ser humano menor de 18 años. Sin embargo, hay quienes consideran inadecuado homogeneizar a toda la niñez, ya que cada grupo etario tiene necesidades específicas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay unos 2 mil 200 millones de niños en el mundo, aproximadamente un tercio de la población global. Se estima que 160 millones de ellos realizan trabajo infantil. “Estamos hablando de un trabajo prohibido porque atenta contra la seguridad, salud y bienestar de los niños”, señala la académica. La pobreza, como factor del trabajo infantil “Pero hay un factor que no se nos debe escapar: la pobreza. México sigue teniendo sectores muy pobres, que en general ubicamos en el ámbito rural, pero también existen en las ciudades”, explica María del Carmen Macías. “Las condiciones en que viven los niños en ciudades pequeñas y en poblaciones rurales más remotas son muy distintas, y ahí es donde encontramos las mayores desigualdades”. Según la ENTI 2022, hay ocho estados con alta concentración de pobreza: Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Colima y Zacatecas. Solo Guerrero presenta un 24.5 % de su población infantil en situación de trabajo infantil, ya sea en ciudades, localidades medias o zonas alejadas. “Es un problema muy complicado, pero no imposible de resolver. Solo que tendríamos que decidir, no solo social, sino también políticamente, abatir este problema”. La OIT define el trabajo infantil como toda actividad realizada por niñas, niños o adolescentes, remunerada o no, desarrollada al margen de la ley y en condiciones peligrosas o insalubres, que violan sus derechos o afectan negativamente su desarrollo físico, mental, psicológico, social, o que obstaculizan su educación. “Creo que algo que se debe resaltar en esta definición es la edad límite, porque contratar a menores de 15 años está fuera de la ley. Según el Convenio 138 de la OIT, esa es la edad mínima para que un niño pueda ser contratado”. En la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo se tipificaron las edades y actividades consideradas peligrosas e insalubres por poner en riesgo la salud, la integridad y la vida de los menores. “Estas actividades incluyen la agricultura, la minería o el trabajo en la calle dentro del comercio informal, porque ya no se sabe si el niño sale a trabajar por necesidad o porque alguien está explotando su condición de menor”, añade la investigadora. También se deben considerar actividades intolerables, prosigue. Ya que contamos con marcos jurídicos, es necesario adoptar otro convenio que le diga a la sociedad que existen actos inaceptables, como lo estipula el Convenio 182 de la OIT (1999), adoptado en 2000. Este se refiere a formas extremas de trabajo infantil: esclavitud, venta y trata, trabajo forzoso, participación en conflictos armados, prostitución, pornografía y actividades delictivas como el tráfico de estupefacientes. “Hace tiempo escuché la noticia de que llevaron a la cárcel a un padre por tener a su hijo vendiendo en la calle. En estos casos surgen las preguntas más esenciales. ¿Lo hacen por necesidad? Porque la pobreza empuja a esas actividades”. Falta armonizar la ley para comprender estas situaciones, y que en vez de castigar a una familia vulnerable, se tomen medidas preventivas para ayudar tanto al padre como al menor. Esto permitiría comprender mejor la realidad. Es muy distinto a la conducta alevosa de un empleador que contrata a un menor para explotarlo con bajos salarios y jornadas excesivas. No todo trabajo que desarrollan los niños es trabajo infantil “El trabajo que realizan los menores puede verse desde dos ópticas. Una es el trabajo formativo: el que se hace en vacaciones para aprender un oficio, ayudar en una empresa familiar o en tareas del hogar. Estos pueden considerarse normales y permitidos”, aclara Macías. Este tipo de ocupaciones no deberían clasificarse como trabajo infantil, a diferencia de aquellos casos donde los menores son contratados sin importar su edad, expuestos a tareas que rebasan sus capacidades, en condiciones que violan sus derechos. “Una cosa es hablar de la ley y otra es la realidad. No podemos evadirla porque estaríamos engañándonos. En ciudades medianas o comunidades rurales remotas existen este tipo de actividades. En muchos casos hay un estado de necesidad que los obliga a ello”. La familia y el Estado, responsables del bienestar del niño “Los responsables de que un niño reciba atención y esté alejado del trabajo infantil son, en primer lugar, la familia y los padres. Pero si la familia no puede, entonces el Estado debe intervenir y brindar apoyo para garantizar el bienestar mínimo necesario”. Sin embargo, existen familias fracturadas o monoparentales, o incluso situaciones de maltrato y abandono. El problema es muy complejo y no puede abordarse solo desde un enfoque legal. “También hay cuestiones sociales y culturales que debemos trabajar. ¿Qué le podemos pedir a una familia del medio rural que no habla español y no ha tenido acceso a la educación formal?” Desde la academia se elaboran estudios prospectivos, pero es necesario integrar a otros profesionales en el trabajo de campo: psicólogos, trabajadores sociales, médicos, entre otros, para diseñar proyectos que aborden la complejidad del problema. “La ley se puede aplicar en un caso específico, pero la realidad es otra. Siempre ha sido un tema debatible. Las leyes pueden estar bien redactadas, pero muchas veces no corresponden a la realidad que pretenden regular”. “En algún momento recopile datos sobre el trabajo de niños jornaleros en México. Encontré aportaciones valiosas, especialmente de estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla, quienes hicieron un proyecto de campo en la región del Bajío para estudiar las condiciones laborales de los jornaleros”. El jornalero que se traslada por la república no viaja solo, lo hace con su familia, y todos colaboran para reunir el ingreso necesario que sustente a todos. “Ahí aprendí que desde la academia se hacen trabajos muy valiosos, pero necesitamos contrastarlos con la realidad para saber si las leyes realmente responden a ella”. El trabajo infantil es resultado de muchos factores, principalmente de la pobreza. Ya no depende solo de una familia, sino de un sistema económico y de políticas públicas eficaces. La pregunta es: ¿cómo combatir primero la pobreza? “Me parece indignante que en una sociedad no existan las mismas oportunidades para todos y que eso lleve a discriminar a los sectores más vulnerables”. “La responsabilidad es de todos, pero no como eslogan. No podemos darle la espalda al problema. Tenemos que hacer algo. La responsabilidad es de todos, pero principalmente del Estado”, concluyó la profesora Macías Vázquez.