Por Diana Saavedra Si los gobiernos quieren que sus políticas públicas sean exitosas, para mejorar es necesario aceptar los errores cometidos, no sólo ahora, sino conocer las experiencias anteriores y plantear metas para mejorar, estimaron investigadores en la más reciente edición del Seminario Universitario de la Cuestión Social, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la UNAM. Mercedes González de la Rocha y Agustín Escobar Latapí, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), presentaron ante académicos y alumnos del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM el libro Acceso efectivo al desarrollo social que muestra un análisis de los aciertos y fallas cometidos en dos programas sociales dirigidos a los más necesitados: Oportunidades y Seguro Popular. Escobar Latapí reflexionó que hoy en día muchos se preguntan qué falta para que la educación y servicios públicos de salud que tenemos sea mejor con los recursos existentes. “Hay muchas cosas que se pueden hacer… Nos estamos acostumbrando a que los servicios públicos se estén deteriorando, decimos un bache más, me cuido más, pero como sabemos estos servicios públicos son extremadamente discriminantes”, precisó. El documento, publicado recientemente por CIESAS, presenta una revisión de los dos programas sociales que realizaron los expertos entre 1998 y 2012 que se basó en no sólo solicitar la información del acceso o inscripción al programa, sino las trayectorias de atención y gestión de los usuarios reales en Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Michoacán; es decir, revisaron que realmente correspondieran los padrones con las personas beneficiadas y que éstas recibieran los recursos prometidos. Para el trabajo eligieron zonas de atención prioritaria seleccionadas desde 2007 por tener los índices de mayor rezago social en México, 1,251 municipios, sólo 17 por ciento de la población, pero la más dispersa, rural e indígena en Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Michoacán. Respecto al programa Oportunidades los sociólogos encontraron que el padrón estaba abierto al público con usuarios, datos escolares, etcétera, y se encontró una correspondencia de 98 a 100 por ciento entre lo que decían los documentos en transparencia, con lo visto en las comunidades. “Escuchamos hace cuatro años que había la mitad de hogares inexistentes o la mitad de los beneficiarios inexistentes, eso no es correcto. Nosotros encontramos una coincidencia altísima entre lo que reportó el programa y lo que la gente decía. Igual ocurrió con el estar apuntado y recibir los recursos que se decían, ahí fue de 92 a 100 por ciento, es decir, hubo discrepancias, pero en general fue mínimo”, resaltó Escobar Latapí. Seguro Popular “La historia del Seguro Popular es muy distinta, por desgracia, lo que se debe decir positivamente es que con titubeos y errores, con rechazo de las personas frecuentes, en la mayoría de los casos las personas terminaron ahorrando dinero y se les brindó algún tipo de atención; sin embargo, la eficiencia estuvo muy por debajo de Oportunidades”, destacó Escobar Latapí. Este programa nunca brindó un padrón de afiliados, sólo dieron el resumen en número de cuántos hogares había afiliados en las comunidades, pero las cifras tenían uno o dos años de atraso. Lo que se puede decir es que el problema fue que había más personas que reportaban estar inscritas que las que reportaba el programa, porque el padrón era viejo y el programa iba creciendo. “Este fue un suicidio por parte del Seguro Popular. Si hubieran sido más transparentes en ese momento la gente no se habría vuelto tan hostil como lo fue”, a esto se sumó que alrededor de la mitad de las clínicas de las comunidades más pobres no recibían el dinero que el programa prometía, pero sí recibieron la orden de dejar de cobrar a los beneficiarios del programa. A su vez, González de la Rocha, recordó que las revisiones etnográficas de los programas gubernamentales Oportunidades, entonces Progresa, y el Seguro Popular, iniciaron en 1998 y terminaron en 2012 con el propósito de saber si los pobres realmente se beneficiaban del mismo, pues era para este sector para el que se había diseñado. Desde el inicio el interés fue saber si el dinero llegaba a las mujeres, si daban la papilla a los niños desnutridos o a los cerdos, si creaban divisiones sociales al interior de las comunidades, si se abatía o reducía la pobreza, preocupaciones que se llevaron 10 años de evaluaciones continuas, destacó González de la Rocha. Fernando Alberto Cortés Cáceres, investigador del PUED, subrayó que el texto muestra 25 años de experiencia compartida, lo que va de la mano del proceso de creación del sistema de evaluación de la política de desarrollo social y la medición de la pobreza. “Hay buenas razones para sostener que la necropsia de ambos programas (Progresa y Seguro Popular) arroja información útil para mejorar la política social de estos días y deja una cauda de enseñanzas para el diseño, planeación y operación de programas sociales en el futuro”, finalizó el universitario