Ciudad de México, septiembre 3.- Un juez ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) abstenerse de eliminar los grados escolares, así como mantener la facultad de los profesores de evaluar a los alumnos. A mediados de abril de este año, Delfina Gómez, entonces secretaria de Educación, anunció que se planeaba desaparecer los grados escolares para sustituirlo por “fases de aprendizaje”, de acuerdo con el Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana. Con ello, se buscaba dedicar más tiempo a los procesos cognitivos,sociales y culturales, así como brindar mayor oportunidad de consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes. Sin embargo, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió este viernes una suspensión definitiva a Educación con Rumbo (ECR), con el cual le ordena a la SEP que no elimine los grados escolares. En un comunicado, el organismo civil celebró que el Poder Judicial pusiera un alto a las reformas del nuevo modelo educativo y se siga incentivando a la sociedad civil para que participe en defensa de los derechos humanos de las niñas y niños. A su vez, el abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, refirió que la orden del Poder Judicial de la Federación para que la SEP imparta la educación básica mediante grados escolares se basó en la defensa del derecho humano a una educación de calidad. “Lo anterior, considerando que la propia Ley General de Educación emitida por esta administración establece en su artículo 43 que la educación debe ser multigrado, por lo cual aseveró que la eliminación de grados escolares o sustitución por fases de aprendizaje resulta contraria a la propia Ley y a la Constitución”, explicó el jurista. Destacó que la resolución es un precedente relevante, pues incentiva a la sociedad civil a seguir participando en la defensa de los derechos humanos de los niños. “Existe un sistema de contrapesos que funciona frente a decisiones arbitrarias que atentan contra el derecho humano a la educación de los niños y de los padres de familia a participar en el diseño de los planes educativos”, añade. Por último, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de ECR, llamó a la nueva administración de la SEP a instalar una mesa de dialogo con la sociedad civil de cara al programa piloto de educación que se pretende instrumentar en 960 escuelas públicas, para que se puedan exponer las debilidades del citado programa, al considerar riesgoso que se utilice un modelo “prueba- error” con los niños sin que exista claridad en su implementación.