Ciudad de México, septiembre 16.- La Pandemia por la COVID-19 causó efectos económicos y sociales adversos para la población a nivel nacional e internacional. En México, la distribución de estos efectos no fue equitativa e impactaron de manera prioritaria a los estratos sociales bajos, a las mujeres, trabajadores informales, población migrante e indígena, por ello “el país necesita mayor esfuerzo de protección social en tiempos de pandemia”, afirmó Iliana Yaschine Arroyo, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. La especialista en Desarrollo y Política Social refirió que la emergencia sanitaria ha provocado desaceleración de la actividad económica, pérdida y reducción de empleos, disminución del ingreso y aumento de la pobreza, entre otros efectos negativos. Sin embargo, añadió, varios países han puesto en práctica acciones sociales de emergencia para proteger el bienestar de la población, pero no es el caso del gobierno de México que ha mantenido la entrega de bienes y servicios de programas sociales y no ha creado nuevos. Esto tiene correlación con el tema financiero, ya que el presupuesto destinado para medidas de emergencia por la pandemia ha sido de los más bajos a nivel regional, .42 por ciento del PIB, en comparación con Brasil que destinó cuatro por ciento, refirió. Durante el seminario “Protección Social en México en Tiempos de Pandemia”, organizado por el PUED, la investigadora expuso que la política social se propuso garantizar los derechos económicos y sociales universales con prioridad en los grupos históricamente discriminados, con el fin de avanzar hacia un sistema de bienestar universal. En ese contexto, se instrumentaron programas sociales, algunos que se cancelaron o desarticularon de 2018 a la fecha y otros nuevos, “pero la cobertura de éstos, no fueron suficientes para absorber los efectos de la pandemia”, aseguró. Se logró conocer esta situación gracias al estudio realizado por tres investigadores del PUED: Fernando Cortés Cáceres, Delfino Vargas Chanes e Iliana Yaschine Arroyo, en colaboración con el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana (EQUIDE) dirigido por Graciela Teruel Belismelis. “Es un esfuerzo colaborativo del PUED y el Programa de Desarrollo con Equidad (ProDEq) para crear estos breviarios de política a partir del análisis de datos estadísticos”, explicó Yaschine Arroyo. Al respecto, Rolando Cordera, coordinador del PUED, señaló que inició una nueva legislatura en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión, de ahí que “el primer gran objetivo será dirigir esta información, identificar a diputados y senadores sensibles para hacerles ver que el impacto negativo de esta crisis sanitaria está con nosotros y no se va a ir; hay que pasar el muro de la investigación para hacer evidente el daño humano que ha provocado y hacerles ver a los hacedores de política que urge hacer política”

Análisis de información En ese trabajo describen la cobertura de los programas sociales durante la pandemia por la COVID-19, identificaron su alcance en los grupos de atención prioritaria y en aquellos afectados por la pandemia. Bajo este esquema realizaron análisis de información de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos de la COVID-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (ENCOVID-19), con representatividad nacional, la cual se levantó vía telefónica periódicamente a partir de abril de 2020 con la coordinación del EQUIDE. Mediante este instrumento se recopiló información sobre programas sociales prioritarios, que por el tamaño de su presupuesto o cobertura los clasificaron en los siguientes rubros: aquellos que transfieren dinero como mecanismo de apoyo (Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, Beca Benito Juárez, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida), programas con apoyos en especie (LICONSA); el de microcréditos (Programa de Microcréditos para el Bienestar); además de otros programas adicionales federales y estatales. Lo que se encontró después del análisis fue que de la cobertura de los programas solamente tres de 10 hogares reciben una ayuda gubernamental, la cobertura de los programas se mantuvo estable y de quienes reciben un programa gubernamental la mayoría son de transferencias monetarias. “La política social federal está anclada en la entrega de trasferencias monetarias”. En cuanto a la cobertura entre los grupos prioritarios se observó: los que tienen nivel socioeconómico más bajo alcanzó 37 por ciento y los hogares con algún integrante de habla indígena 37.5. Pese a que la cobertura es mayor, sigue siendo baja, “menos de cuatro de 10 reciben ayuda federal. No hay una opción especifica dirigida a este rubro, los hogares con trabajadores informales ‘tienen mayor cobertura’, pero sigue siendo menor al 30 por ciento”, explicó Iliana Yaschine. En ese contexto, la especialista comentó que es preocupante que la cobertura de los programas sociales federales se haya mantenido baja y constante, y que alcance solo parcialmente a los grupos prioritarios y a los nuevos afectados por la pandemia. “Lo que deja entrever que la ausencia de nuevos apoyos gubernamentales y mayor presupuesto público destinado a este fin, pone en entredicho la política, la intención declarada del gobierno federal”. Ante esto, señaló que es indispensable ampliar la cobertura de los programas e instrumentar medidas de política pública para asegurar el ingreso y el bienestar de la población, tomar como referencia al conjunto de acciones que se han puesto en práctica a nivel internacional y regional para diseñar acciones de protección social, incentivar a las empresas para mantener los puestos de trabajo; mantener el monto de las transferencias monetarias o en especie y aumentarlas, la creación de nuevas y el apoyo a trabajadores informales. Aseguró que si el gobierno optara por crear medidas de emergencia, se deben definir con claridad las poblaciones objetivo y los mecanismos adecuados para hacer entrega de los bienes y servicios de emergencia para que se lleve a cabo de manera eficiente y transparente, “quisimos demostrar con datos la ayuda tan escaza, pero aún hay áreas de oportunidad”, aseveró. Al comentar la exposición, Enrique Provencio Durazo, investigador del PUED, refirió que no se configuró ni al inicio, durante ni ahora una acción de emergencia. A más de un año y medio de pandemia en México hay rechazo explícito a los programas de emergencia. “Se dijo que no hacía falta más, porque lo que se estaba haciendo era suficiente, que bastaba redireccionar recursos de unos a otros, hubo una argumentación de que no se iba a incurrir a un salvamento como el de fines de 90 y creó una mentalidad de que cualquier programa de rescate era elitista y que iba ser acaparado por pudientes y las empresas”, enfatizó. Mientras que en otros países a fines de marzo de 2020 planeaban qué hacer, en México solo hubo una orden de austeridad y contención del gasto; cualquier programa hubiera sido de endeudamiento para la política federal, “hay evidencias de que hubo países que gastaron más pero no vieron incrementarse la pobreza”, aseguró. Provencio Durazo comentó que hay negativa a planear una estrategia, a revisar las políticas de mediano plazo para la recuperación, lo que contrasta con el grupo de países que han reconfigurado sus planes a partir de la pandemia. De acuerdo con Graciela Teruel Belismelis, directora de EQUIDE, los datos en el breviario se confirman con fuentes oficiales, “muchos de los efectos de esta crisis van a durar años, como el hueco en el aprendizaje, la población ha padecido hambre. Es un buen momento para plantear un programa de mediano y largo plazo para lograr que el golpe inminente, el económico, sea menor. La labor es lograr que estos diagnósticos se conviertan en acción”. Al hacer uso de la palabra, Clara Jusidman Rapoport, investigadora del PUED, explicó que el reto es sacar el breviario de los espacios académicos para llevarlo a la población en general.