Advierten a empresarios sobre la importancia de prevenir efectos de la reforma a la Ley del Infonavit

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Tijuana, Baja California, marzo 2.-La reciente reforma al artículo 29 de la Ley del Infonavit, que obliga a los patrones a seguir descontando los pagos de créditos de vivienda de sus trabajadores aun cuando estos se encuentren incapacitados o ausentes, tiene vicios de inconstitucional y es susceptible de impugnación a través del juicio de amparo. Lo anterior fue expresado por Raúl Alejandro Melgar Díaz, durante la sesión quincenal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Capítulo Tijuana, que preside Patricia Carrales Castillo. En la sesión se expusieron las implicaciones legales de esta reforma para las empresas, entre otros temas fiscales laborales y corporativos. Explicó que esta modificación impone una carga económica adicional a los empleadores, ya que en casos de incapacidad el trabajador recibe el subsidio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en casos de ausentismo simplemente no hay remuneración. Sin embargo, abundó que la reforma exige que los descuentos para los créditos de vivienda se sigan realizando, sin establecer un mecanismo claro para que los patrones puedan recuperar estos montos y en el cual debería venir una reglamentación secundaria. "Esta medida genera incertidumbre, especialmente para sectores con una alta rotación de personal, como la manufactura, donde las incapacidades y ausencias son frecuentes, por lo que es necesario establecer controles legales internos para proteger a las empresas y evaluar en su caso la viabilidad de promover amparos contra esta reforma, que podría ser considerada desproporcional e inconstitucional", afirmó. Subrayó que, ante la falta de reglas claras sobre la aplicación de esta reforma, es recomendable que las empresas busquen una asesoría legal profesional, para implementar estrategias que les permitan cumplir con la ley sin comprometer su estabilidad financiera. Melgar Díaz también mencionó que, que los patrones deben optar por una cultura preventiva empresarial, que permita tener las herramientas legales para proteger sus derechos ante estas reformas que solo denotan el grave problema que atraviesa el país en materia de constitucionalidad de normas.