Alerta roja en Hacienda ante desacato de Claudia al Poder Judicial y descomunal gasto para elección de jueces

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Ciudad de México, octubre 30.- Desde hace una semana el staff del secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O mira de cerca dos elementos con trayectoria similar: el posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y el choque de poderes en México, concretamente entre el Gobierno y la Corte Suprema si es que Claudia Sheinbaum no acata una decisión del máximo tribunal. El resultado de esa combinación luce muy complicado para la nueva administración: un salto incalculable en el tipo de cambio y la casi segura rebaja en la nota crediticia. Por una cuestión hacendaría: el Gobierno no puede afrontar los 13 mil millones de pesos que necesita el INE para la elección de jueces. Además evitaría una disparada del dólar. El secretario de Hacienda viene de estar en las reuniones semestrales del FMI y el Banco Mundial en Washington donde el pudo observar el nerviosismo que genera la reforma judicial en el ámbito financiero internacional y constatar, además, que para los mercados la posibilidad del triunfo republicano en las elecciones del martes que viene es muy tangible. Ramírez de la O, además, cree que Sheinbaum debería aceptar lo que diga la Corte sobre la reforma por una mera cuestión hacendaría: en una carrera para bajar el déficit fiscal, el Gobierno no puede afrontar los 13 mil millones de pesos que necesita el INE para la elección de jueces. El presupuesto que pide el INE contempla 6830 millones de pesos para la capacitación de los coordinadores de casillas y 4522 millones para cuestiones logísticas. Un gasto que debería ejecutarse desde los primeros meses del año. Por eso, de momento, según dicen en su entorno, el dinero para la reforma no aparece en el Presupuesto 2025. Si la Corte tumba la reforma y solo se votan, como propone el ministro Juan Luis González Alcántara, los integrantes del máximo tribunal, el monto requerido baja considerablemente. Ramírez de la O encuentra en el movimiento de la Corte el salvoconducto que el Gobierno necesita en términos económicos pero el optimismo respecto a la decisión de la presidenta es más bien escaso.