Tijuana, Baja California, mayo 28.- La compraventa y arrendamiento de inmuebles en efectivo se han convertido en uno de los principales focos de vigilancia por parte de las autoridades fiscales, debido al riesgo de evasión y lavado de dinero, lo cual deben tenerlo muy en cuenta dentro del sector inmobiliario. Lo anterior se abordó durante el desayuno empresarial de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Tijuana, donde estuvo como ponente invitado Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien explicó que los intermediarios deben reforzar sus procesos internos y cumplir con la ley antilavado para evitar sanciones. "Las operaciones inmobiliarias no pueden realizarse en efectivo cuando superan ciertos montos, y quienes incumplen con los avisos ante la autoridad pueden enfrentar sanciones millonarias, o incluso penas de cárcel", afirmó. El experto detalló que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación autoriza a la autoridad a rechazar facturas cuando existe sospecha de que las operaciones fueron simuladas, por lo que es fundamental mantener documentación clara y completa en cada transacción. También recordó que la ley para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita prohíbe pagos en efectivo que superen los 800 mil pesos, ya que no reportar adecuadamente este tipo de operaciones puede derivar en delitos fiscales o administrativos. En ese sentido, comentó que el llamado es a realizar una planeación fiscal adecuada, evitar el uso de efectivo en operaciones mayores, y mantener una cultura de cumplimiento que proteja, tanto a los asesores como a las partes involucradas en la compraventa o renta de un inmueble. Por su parte, Lersa Mercadillo, presidenta de AMPI Tijuana, señaló que el organismo ha reforzado la revisión de expedientes y la capacitación de sus agremiados para garantizar que las propiedades ofrecidas al público cumplan con todos los requisitos legales.