Ensenada, Baja California, agosto 7.- El presidente del Consejo Agrícola de Baja California (CABC), Walberto Solorio Meza, advirtió que la informalidad en el sector agrícola se ha convertido en un problema estructural que pone en riesgo tanto la competitividad como los derechos de los trabajadores en el valle de San Quintín. Durante una reunión con funcionarios federales y estatales, subrayó que más del 50% del empleo en México se mantiene en la informalidad, fenómeno que afecta especialmente al sector agroexportador. “Competimos en condiciones desiguales. Quienes cumplimos con obligaciones laborales y de seguridad social enfrentamos una competencia desleal por parte de quienes operan en la informalidad, sin asumir responsabilidades con sus trabajadores. Esta práctica conocida como ‘saliendo pagando’ es una bomba de tiempo para el desarrollo formal del campo”, declaró Solorio Meza. La reunión celebrada en San Quintín reunió a representantes del Gobierno del Estado, funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de la presidencia municipal de San Quintín. En el encuentro, el presidente del CABC insistió en la urgencia de establecer una mesa permanente de trabajo que integre a líderes agrícolas, autoridades y trabajadores del campo, con el fin de generar soluciones integrales a problemáticas históricas que persisten desde 2015. “El rezago en San Quintín no es nuevo. Han pasado 10 años desde que se formularon las primeras demandas formales por parte del sector, y seguimos sin ver transformaciones sustanciales. Requerimos una ruta de trabajo con compromisos medibles, presupuestos asignados y seguimiento institucional real”, puntualizó. Entre las principales solicitudes del sector agrícola está la revisión de las cargas fiscales municipales, estatales y federales, con el objetivo de que se traduzcan en infraestructura pública que aporte al desarrollo del municipio. También se demandó atención urgente a la crisis en materia de salud, derivada del abandono de la obra del Hospital Rural Bienestar 69. “El hospital que debía ser una solución hoy es símbolo del abandono. Exigimos que los compromisos de salud se materialicen y se incorporen esquemas de atención específicos para la población agrícola y sus familias”, sostuvo. Durante la sesión, el director general del IMSS, Zoé Robledo, confirmó que en Baja California el decreto de beneficios fiscales para trabajadores eventuales del campo no será renovado para 2026. Además, el IMSS anunció la próxima construcción de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECIS) en San Quintín, con capacidad para 110 menores cada uno, incluyendo atención de lunes a domingo para niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cinco años. Para el sector agrícola, estos anuncios son positivos, pero insuficientes si no se integran con una visión integral del desarrollo. “No podemos hablar de progreso sin resolver los desafíos en acceso al agua, energía y vivienda. San Quintín necesita un marco normativo que permita inversiones sostenibles de largo plazo”, enfatizó el presidente del CABC. Uno de los temas más discutidos fue la implementación del programa federal Certificado Laboral de Agroexportación, el cual busca certificar condiciones laborales y de sustentabilidad en los cultivos de exportación. La STPS informó que este esquema, actualmente en fase piloto con el aguacate, será replicado gradualmente en otros productos agroalimentarios. En este contexto, Solorio Meza solicitó que dicho programa tome en cuenta las particularidades de cada cultivo y las dinámicas temporales del empleo agrícola. “Requerimos un esquema de afiliación al IMSS que se adapte a la realidad del trabajo eventual en el campo, y que respete los derechos laborales sin poner en desventaja a las empresas que cumplen”, dijo. Marina del Pilar cerró las intervenciones oficiales reconociendo el abandono histórico de San Quintín y comprometiéndose a facilitar la ejecución de los planes derivados del mandato presidencial para mejorar las condiciones de vida de las comunidades agrícolas. Durante el evento también se hizo un llamado a revisar los esquemas de inspección laboral. Desde el CABC se advirtió que la concentración de auditorías en un grupo reducido de empresas limita el alcance real de la vigilancia, perpetuando condiciones precarias en sectores no supervisados.