El gobierno de Jaime Bonilla se fue dejando irregularidades por aclarar en su ejercicio del gasto público que ascendieron a más de 200 millones de pesos, dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación al realizar la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2020. En el reporte se documenta que Bonilla no aclaró observaciones en las Participaciones Federales de ese año. El texto de la ASF detalla lo siguiente: Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2020, por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Baja California, fueron por 22,243,177.0 miles de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 16,529,241.2 miles de pesos, que representó el 74.3% de los recursos transferidos. Resultados Se determinaron 200,183.4 miles de pesos por aclarar, de los cuales corresponden 885.1 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales de servicios personales, 67,399.4 miles de pesos de otros incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 131,253.9 miles de pesos de otros incumplimientos en la normativa en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios y 645.0 miles de pesos de obra pública. Montos por Aclarar Se determinaron 200,183,432.00 pesos pendientes por aclarar. Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas Por otra parte, en su reporte refiere que respecto de los 47,519,313.8 miles de pesos asignados en el ejercicio fiscal 2020 a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), se verificó la aplicación de los recursos transferidos al Gobierno del estado de Baja California, que ascendieron a 1,372,153.6 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión el 100.0% de los recursos asignados a dicho ente. En su Dictamen señala que en cuanto al ejercicio de los recursos del fondo, el Gobierno del estado de Baja California incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, ya que se observó el sobreprecio determinado en los precios unitarios de dos obras ejecutadas con recursos del fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 1,728.7 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Agrega que de igual forma, se registraron incumplimientos a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, ya que el Gobierno del estado de Baja California no publicó la información financiera relativa a las características de las obligaciones del saneamiento financiero que se cubrieron con recursos del fondo, y las cifras reportadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no son congruentes con sus registros del cierre del ejercicio, las observaciones determinadas fueron solventadas y promovidas por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este informe Asimismo se reportaron tres observaciones a ISESALUD una por 76,283,710.90 pesos; la segunda por 57,319,005.58 pesos; y la tercera por 54,956,620.00 pesos; hay otra para la Unidad de Especialidades Médicas por 10,080,414.73 pesos. Será interesante ver si se aclara esto o queda como en otras ocasiones, solamente en los señalamientos. Por lo pronto Andrés Manuel López Obrador ya salió de nuevo con que es un complot. Y todavía falta el reporte del 2021. Imagen: Proceso