El gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla, se le complicó pagar la deuda pública de corto plazo por más de 2 mil millones de pesos, por lo que solicitará a los bancos posponer los pagos de deuda de largo plazo de julio a septiembre, ya que la Ley de Disciplina Financiera (LDF) lo obliga a cubrir los pasivos tres meses antes de dejar el cargo, informó Fitch Ratings. “El saldo de la deuda de corto plazo asciende a 2 mil 34 millones de pesos al 30 de abril de 2021. Conforme a la LDF, estos créditos deben finiquitarse tres meses antes del cambio de administración, es decir, antes del 31 de julio de 2021”, a lo que la agencia advirtió que dará seguimiento. Asimismo, Fitch exhibió que el gobierno de Bonilla “planea solicitar dispensas, (posponer la deuda de largo plazo para paga la de corto) a los acreedores de la deuda bancaria de largo plazo a fin de utilizar los fondos de reserva de dichos créditos para su amortización durante los meses de julio a septiembre de este año y utilizar las participaciones federales afectadas de los financiamientos para el pago de la deuda de corto plazo y otros temas de liquidez debido al cierre de administración”. Por lo que “Fitch dará seguimiento a este tema y al pago, en tiempo y forma, de los créditos de corto plazo conforme a la LDF”, puntualizó. De tal manera, el desaseo en el manejo de las finanzas fue nuevamente evidenciado y las deudas adquiridas por Bonilla dejarán una expectativa más complicada para la siguiente administración que será con Marina del Pilar. Cabe recordar Fitch Ratings bajó la calificación de largo plazo en escala nacional del estado de Baja California a ‘BBB(mex)’ desde ‘BBB+(mex)’ y la colocó en observación negativa por el uso recurrente de deuda. Imagen El Sol de Tijuana.