Ensenada, Baja California, febrero 7.- Las expresiones de Jaime Bonilla en el sentido de expropiar el Club Campestre de Tijuana, propiedad de una asociación civil, representa un riesgo para la seguridad jurídica de la propiedad privada de cualquier persona física o moral, advirtió Coparmex Ensenada. “Esas intenciones generan un clima adverso para la inversión y vulneran el marco legal”, aseveró Martín Muñoz Barba, presidente del Centro Empresarial de Ensenada de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Lo es más aún, cuando estas acciones se perciben como resultado de presiones políticas del gobernador en contra de otro gobernante en el que nada tiene que ver un centro de recreación, que es propiedad de la ciudad de Tijuana a través de la asociación civil que la auspicia”, señaló el organismo. El presidente de Coparmex mencionó que “estamos convencidos de la improcedencia de esta acción”, pero el solo plantearlo denota el riesgo y peligro latente que pende sobre la propiedad privada en estado, porque en cualquier momento algún ciudadano que no comparta las ideas del gobernador, puede ser víctima de presiones sobre sus bienes”. “Nos oponemos a que se envíen señales equivocadas que impacten negativamente la atracción de inversión privada a Baja California y que alteran el marco legal en tiempos en los que las condiciones económicas -y en cualquier otro momento- exigen prudencia y cuidado con el Orden Constitucional”, señaló el dirigente. Esperamos “que la máxima autoridad del estado rectifique esta pretendida acción y deje de lado perturbar la tranquilidad de Baja California, por diferencias políticas con otras personas o entidades”, concluyó.