En relación con la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, el Consejo Coordinador Empresarial de Baja California expresa su preocupación por las condiciones en las que se ha desarrollado el procedimiento y hace un llamado a garantizar plenamente sus derechos humanos, su integridad, privacidad y presunción de inocencia. Sin entrar en la valoración del fondo del asunto ni en las actuaciones procesales que corresponden exclusivamente a las autoridades judiciales, sostenemos que ninguna investigación puede realizarse al margen del debido proceso. Una orden de aprehensión no representa una sentencia y toda persona debe ser tratada como inocente mientras no exista una resolución definitiva emitida por un tribunal competente. El Estado de derecho pierde legitimidad cuando su aplicación se percibe selectiva o desequilibrada. Por ello, la ley debe aplicarse con el mismo rigor, transparencia y celeridad para todos, sin distinción de filiación partidista, trayectoria politica, posición económica o cercania con el poder. La justicia debe actuar de manera equilibrada y ofrecer resultados claros en todos los asuntos, sin excepciones. La exhibición pública de imágenes de personas detenidas y de actuaciones procesales no debe utilizarse para anticipar condenas, vulnerar la privacidad ni distraer la atención de otros hechos relevantes que acontecen en Baja California. Asimismo, los casos y señalamientos de alta relevancia pública nacional que se han dado a conocer deben investigarse bajo los mismos criterios de legalidad, imparcialidad y celeridad. Desde el sector empresarial hacemos un llamado al Gobierno de la República y a las instituciones de procuración de justicia para que respeten el Estado de derecho, lat presunción de inocencia, el debido proceso y la privacidad de las personas. México necesita instituciones confiables y una justicia que actúe de manera pareja para todos, sin excepciones ni criterios políticos.