El gobierno del Estado, encabezado por Jaime Bonilla, para buscar municipalizar los servicios de agua en Tijuana, retomó un acuerdo del Cabildo de la ciudad del día 31 de octubre del 2013, cuando era presidente municipal el priista Carlos Anchondo Bustamante. En ese sentido, la administración de Jaime publicó en el Periódico Oficial del Estado un número especial correspondiente al Tomo CXXVIII No. 55, el acuerdo del Cabildo de Tijuana relativo “a obtener la transferencia a la administración pública municipal el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales que actualmente presta en el municipio de Tijuana, el organismo público descentralizado de las administración pública estatal, denominado Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana”. “Asimismo se aprueba la creación del organismo operador municipal de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales denominado Comisión Municipal del Agua de Tijuana (COMATI), B.C.”, dice la publicación. Con ello se “aprueba el reglamento interno de la Comisión Municipal de Agua de Tijuana”, se menciona en el acuerdo. En el número especial, Joel Fabián Guardado Reynaga, el actual secretario del gobierno de Tijuana certifica la aprobación del organismo municipal “en el acta levantada con motivo de la sesión extraordinaria del Cabildo del H. vigésimo Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, celebrada el día treinta y uno de octubre del año dos mil trece”, es decir, ocho años antes. De tal manera, que la supuesta transición pacifica entre Jaime Bonilla y Marina del Pilar solo es un hecho mediático, mientras siguen los jaloneos por debajo de la mesa, por un lado, el actual gobernador quiere agilizar la municipalización y por otro Ávila Olmeda, a través de su equipo, está circulando acciones de inconstitucionalidad contra la municipalización de los servicios de agua.