En medio de un intenso debate y posturas encontradas, la vigésima quinta Legislatura del Congreso del Estado aprobó un endeudamiento por 2 mil 960 millones de pesos, a través de una iniciativa de decreto que autoriza a Marina del Pilar para contratar deuda pública para la desaladora de Rosarito, según se dijo, para garantizar el agua en zona costa, algo que quedó en entredicho. El Dictamen No. 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto se aprobó por diecinueve votos a favor, seis en contra (Echeverría, Corral, Gaona, Gilvaja, Daylín y Valle) y cero abstenciones, con una adenda presentada por la presidenta de esta Comisión dictaminadora, Diputada Julia Andrea González Quiroz, mediante la que se solicitan ajustes en los artículos primero, segundo, tercero, décimo y décimo tercero, para fortalecer su contenido. Así mismo, se aprobó la reserva en lo particular al artículo quinto, relativo a fuente de pago del decreto que se aprueba, para que quede de la siguiente manera: El servicio de la deuda para el financiamiento que se autoriza, no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada. Con respecto al artículo primero del presente decreto: Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno de Baja California, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, para que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para la gestión y contratación de financiamiento. Esto, mediante la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier institución financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades financieras de objeto múltiple, siempre que ofrezca las mejores condiciones de mercado, y en los términos y condiciones establecidos en el presente Decreto. Mientras que, el artículo tercero relativo al plazo y periodo de gracia menciona que el "Estado" deberá formalizar el o los financiamientos que se autorizan en el presente Decreto en el ejercicio fiscal 2026, o 2027 inclusive, siendo el plazo máximo autorizado para el o los financiamientos que sean adquiridos conforme a lo autorizado en el presente Decreto, de hasta 30 años contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos. O bien, la fecha en que se realice la primera disposición de los recursos otorgados, cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o de los créditos bancarios. Dentro de los contratos que deriven del presente decreto, deberán contener el plazo en días y una fecha de vencimiento específica. Asimismo, el o los financiamientos podrán estipular un plazo o periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos del o los financiamientos, o en su caso desde la celebración de los contratos que sustenten las operaciones. De igual forma, se aprobó en el mismo sentido de votación, el Acuerdo No. 1 de la CHyP, estableciendo que se instruye a la Secretaría de Hacienda del Estado, presentar a esta Legislatura Local, un informe semestral de la aplicación de los recursos que derivan de los financiamientos que sean contratados, mediante el Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo de Baja California, para que gestione y contrate el citado financiamiento para inversión pública productiva. Esto, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del citado Decreto y hasta en tanto las obligaciones que deriven de los financiamientos, hayan sido pagadas en su totalidad. Se nombró en el siguiente artículo que a las Comisiones de Fiscalización del Gasto Público, así como a la de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, como comisiones unidas para dar seguimiento a la aplicación de los recursos que derivan del financiamiento que sea contratado mediante el citado decreto. Durante la sesión, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestó en contra de la contratación de nueva deuda. La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero recordó que el año pasado legisladores de Morena intentaron incorporar un endeudamiento superior a los 3 mil 350 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos, sin una discusión pública previa: “Se pretendía comprometer al estado con una deuda millonaria sin transparencia ni aviso oportuno”. En la misma línea crítica, el diputado Juan Diego Echevarría Ibarra advirtió que la deuda total del gobierno estatal ya supera los 31 mil 150 millones de pesos, subrayando que cada crédito termina representando un pago triple en intereses y compromisos financieros a largo plazo. DEUDA A LA ALZA Cabe recordar que Baja California con Marina del Pilar en el gobierno ha mantenido una fuerte tendencia a la alza en la deuda pública del Estado que al tercer trimestre de 2025 se ubicó en 22 mil 140.8 millones de pesos, con una de las tasas de interés más elevadas entre los estados, fijada en 8.4 por ciento. Asimismo, no ha quedado claro el uso de ese dinero como lo refleja pobre y dañada infraestructura del Estado.