Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideramos que el Paquete Económico 2027 debe ser una oportunidad para dejar atrás la inercia presupuestaria y colocar el gasto público al servicio del crecimiento económico. México necesita finanzas públicas ordenadas, pero también recursos que atiendan los rezagos que hoy limitan la productividad, la inversión y la generación de empleo formal. Por ello, esperamos que la propuesta que se presente al Congreso de la Unión establezca prioridades claras y decisiones que permitan recuperar la confianza en el rumbo económico del país. En los próximos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará el Paquete Económico 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Ante esta discusión, se debe construir una ruta creíble para reducir el déficit y contener el endeudamiento, sin recurrir a recortes indiscriminados que disminuyan la capacidad del Estado para atender sus responsabilidades fundamentales. En materia de ingresos, consideramos indispensable mantener el compromiso de no crear nuevos impuestos. La consolidación de las finanzas públicas debe sustentarse en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión y el fortalecimiento de la base de contribuyentes, sin trasladar nuevas cargas a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales. En lo referente al gasto, no podemos seguir destinando recursos públicos de manera automática a programas, proyectos o instituciones sin evaluar su impacto económico y social. Cada peso gastado debe responder a una necesidad concreta y generar valor para los mexicanos, por lo que resulta indispensable eliminar erogaciones de bajo impacto, evitar duplicidades y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Esta revisión también debe alcanzar a las Empresas Públicas del Estado. Pemex y CFE son estratégicas para México, pero requieren esquemas que garanticen su viabilidad financiera y operativa. No podemos comprometer recursos públicos de manera recurrente sin planes claros de saneamiento, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Los recursos destinados a estas empresas deben responder a objetivos verificables y evitar que sus necesidades financieras reduzcan el margen disponible para atender otras prioridades nacionales. Al mismo tiempo, el presupuesto debe privilegiar la inversión que permita remover los obstáculos que limitan el crecimiento. Seguridad, salud y educación deben contar con los recursos necesarios para cumplir su función, mientras que energía, agua e infraestructura logística, digital y de transporte requieren inversiones capaces de elevar la productividad y facilitar nuevos proyectos. Una mayor capacidad en estos sectores permitiría aprovechar las oportunidades de inversión, fortalecer las cadenas productivas y generar más empleos formales. La misma lógica debe aplicarse al endeudamiento. Contratar deuda es válido cuando se destina a proyectos con rentabilidad económica o social comprobable, pero no cuando se utiliza para sostener de manera permanente el gasto corriente. México necesita recuperar margen de maniobra en sus finanzas públicas y asegurar que cualquier recurso adicional comprometido tenga un propósito definido, resultados medibles y beneficios duraderos para la sociedad, sin rebasar límites de endeudamiento que podrían poner en riesgo la estabilidad económica. En la Confederación esperamos que el Paquete Económico 2027 envíe una señal clara de responsabilidad y visión de largo plazo. Reorientar el gasto público permitirá generar certidumbre, movilizar inversión, destrabar proyectos y generar las condiciones necesarias para que el sector productivo crezca y cree más empleo formal.