El regidor Héctor Ibarra Calvo, presentó este jueves ante la Sindicatura Municipal una denuncia contra la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora, tras aceptar que el gobierno del Estado le retenga 250 millones de pesos de Participaciones Federales a través de un “convenio de colaboración”, por lo podría incurrir en desvíos de recursos públicos. En ese sentido, el edil del PAN denuncia formalmente a Mora y a quienes resulten responsables de los actos u omisiones en perjuicio del patrimonio del municipio de Mexicali, por la comisión de la falta grave administrativa consagrada en el articulo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. La denuncia se formuló tras el desaseo en el “convenio” que firmó Guadalupe y sus empleados de gobierno con el Estado. Donde se concluye en el análisis del documento presentado por Ibarra, que la alcaldesa no tiene atribuciones para realizarlo, por lo que incurrieron en la falta de responsabilidad administrativa calificada como grave de desvió de recursos. Cabe recordar que el artículo 54 señala que será responsable de desvió de recursos públicos el servidor que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvió, sean materiales, humanos o financieros sin fundamento jurídico o en contra posición a las normas aplicables. En la denuncia Ibarra Calvo señala que “los denunciantes al haber convenido lo estipulado en el Convenio de Coordinación en mención, violentaron la administración de la Hacienda municipal contemplada en el articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Guadalupe, empleados municipales y el Estado “violentaron las leyes federales y locales relativas a la contabilidad gubernamental y de responsabilidad hacendaria, actuando como ente financiero sin tener atribuciones, competencia ni autorizaciones correspondientes por las autoridades federales reguladoras en materia bancaria financiera”. Como medidas cautelares, se solicitó a la Sindicatura, encabezada por Héctor Ceseña, la inmediata suspensión temporal de la o de los servidores públicos involucrados, la exhibición de documentos originales del convenio y su inmediata suspensión.