La falta de compromiso y transparencia del presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria (CEFPPBC), Gustavo Rodríguez Cabrales, ha generado un grave rezago en los procesos de certificación y recertificación sanitaria en Baja California, afirmó Pedro Méndez, asesor pecuario del municipio de San Quintín, se difundió en un comunicado. El texto señala lo siguiente: Durante una reunión convocada por el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, con autoridades estatales y federales en materia de salud animal, se evidenció que los municipios de San Quintín y San Felipe enfrentan limitantes técnicas para avanzar en el reconocimiento como zonas exportadoras de ganado en pie hacia Estados Unidos. El principal señalamiento provino de la representación de SENASICA, que informó sobre un retraso de un año en los barridos contra la tuberculosis bovina en el estado, lo que impide la participación de Baja California en la campaña binacional programada para mayo de 2025. Pedro Méndez indicó que Rodríguez Cabrales, quien también representa al SINIIGA, no acudió a la reunión pese a haber sido convocado por el secretario de SADERBC, Juan Melendrez Espinoza. Su ausencia impidió dar respuesta a las observaciones sobre el censo ganadero y la falta de personal acreditado con capacidad para realizar pruebas diagnósticas. El secretario de SADERBC informó que existe una negativa del dirigente para entregar la auditoría del organismo a su cargo y que incluso ha amagado con recurrir al amparo para evitar su entrega, situación que fue expuesta en la mesa de trabajo ante representantes de SADER federal y SENASICA. En el encuentro, Melendrez Espinoza presentó un oficio dirigido al director nacional de SENASICA solicitando que San Quintín y San Felipe sean considerados para la renovar la acreditación, al cumplir con los requisitos normativos, pese a los obstáculos administrativos derivados del actuar del presidente del CEFPPBC. La alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano, urgió a no perder la oportunidad de lograr la certificación y solicitó la intervención directa del secretario general de Gobierno para garantizar el cumplimiento de los compromisos institucionales. Méndez sostuvo que la omisión del presidente del organismo encargado de las campañas zoosanitarias compromete la economía de más de 1,500 unidades ganaderas en los municipios involucrados, y llamó a tomar decisiones inmediatas para evitar un mayor rezago. La reunión concluyó con el acuerdo de dar seguimiento puntual a los puntos expuestos y convocar a una nueva mesa de trabajo.