En los últimos diez años, el gasto público en salud en México ha sido menor a 3 puntos del PIB, manteniendo una brecha presupuestaria de más de 3 puntos respecto de la recomendación internacional del 6%. La inversión en salud para el próximo ejercicio fiscal pasaría de 2.9% del PIB a 2.5%, por lo que ahora se requieren 3.5% del PIB para alcanzar la Cobertura Universal Sanitaria (CUS). El monto asignado para el sector es de 918 mil 224 mdp, una reducción del 11% comparado con lo aprobado para 2024. Esta disminución se concentra en los programas para la población sin seguridad social ya que, aunque el IMSS-Bienestar tendría un incremento de 31 mil 207 mdp, este aumento no compensa la disminución de recursos que tendrían los estados a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con 60 mil 134 mdp menos y la Secretaría de Salud (SSa) con 34 mil 421 mdp menos (-34%). Con las modificaciones propuestas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, el gasto por persona para personas sin afiliación disminuiría 1,400 pesos (-24.9%), y sería de 4,225 pesos. En contraste, los montos por persona de IMSS e ISSSTE tendrían incrementos del 12.4% y 16.8%, respectivamente, ubicándose en $9,635 y $11,531 pesos. Aunado a lo anterior, todos los hospitales e institutos nacionales, incluidos los de alta especialidad como el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto de Nutrición y el Instituto de Cancerología, enfrentarían recortes de más de 1 mil 900 mdp. También destacan distintas reducciones que comprometen la atención a la salud pública: 10 mil 056 mdp (-68.8%) menos al Programa de Vacunación; 5 mil 038 mdp menos en medicamentos (-3.7%) menos para medicamentos y materiales médicos; y 521.7 mdp (-13.1%) para salud mental por recortes a los Centros de Integración Juvenil, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y al Instituto Nacional de Psiquiatría. Los gastos comprometidos y las presiones fiscales se reflejan en los recortes propuestos en el paquete económico 2025. Es necesario priorizar la inversión en salud pública y analizar opciones de financiamiento, como podría ser el ajuste a los impuestos al tabaco y al alcohol, que generarían ingresos suficientes para revertir estos recortes.