El Gobierno del Estado pagó 800 millones de pesos a la empresa Aguas de Rosarito, con lo que terminó el litigio internacional por la cancelación del proyecto original de la planta desaladora de Playas de Rosarito. El secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Víctor Daniel Amador Barragán detalló que el pago se hizo como indemnización y para comprar el terreno en el que se construiría la desaladora. El proyecto de la planta desaladora de Playas de Rosarito se dio en la administración del exgobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid. Amador Barragán mencionó que la demanda fue “retirada el mes pasado, hace como dos semanas ahora que se firmó y pagó (el terreno) llegó una notificación al gobierno central de que se había quitado la controversia de arbitraje». Cabe resaltar que en 2020, cuando el gobierno de Jaime Bonilla canceló la construcción de la planta por considerarlo un problema financiero para el estado, la empresa solicitó una indemnización de 100 millones de dólares en el arbitraje. Sin embargo el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) realizó el pago de los 800 millones de pesos para la compra del terreno en Rosarito para que el gobierno estatal y federal puedan construir una nueva planta. Este proyecto será financiado con dinero público, en lugar de recursos privados y deuda, como era la planta original. (Con información de La Jornada).