Tijuana, Baja California, octubre 18.- Los estímulos fiscales aplicados a las gasolinas y el diésel permiten disminuir temporalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para contener los aumentos de precios, aunque esta medida también representa un costo para las finanzas públicas al reducir los ingresos que podría recibir el Gobierno Federal. Así lo señaló Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien agregó que estos mecanismos buscan proteger la economía de las familias y las actividades productivas frente a las variaciones internacionales en los precios de los combustibles; sin embargo, tienen efectos sobre la recaudación y todo lo que deriva de ella para la planeación del gasto social, entre otros aspectos. "Los estímulos fiscales permiten reducir total o parcialmente las cuotas del IEPS durante determinados periodos, con la intención de evitar que los incrementos internacionales se reflejen de manera más fuerte en los precios que pagan los consumidores", indicó. El especialista detalló que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece los porcentajes de estímulo mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, los cuales pueden modificarse semanalmente de acuerdo con las condiciones económicas y los criterios de la autoridad. Sin embargo, advirtió que estas reducciones también implican menores ingresos potenciales por concepto del IEPS, lo que puede limitar los recursos disponibles para atender necesidades de infraestructura, salud, educación y programas sociales, particularmente cuando existen presiones sobre el gasto público. "El desafío es encontrar un equilibrio entre proteger el bolsillo de los consumidores y mantener una recaudación suficiente, porque reducir temporalmente un impuesto puede ayudar a contener los precios, pero también tiene un costo que debe evaluarse", puntualizó Pickett Corona. Comentó, además, que el beneficio de los estímulos no necesariamente se refleja de manera directa o proporcional en el precio final de los combustibles, debido a que también intervienen factores como los costos de distribución, comercialización y las condiciones del mercado, por lo que resulta necesario evaluar sus efectos reales. En conclusión, el abogado fiscalista consideró importante mantener un seguimiento transparente de los estímulos y su impacto recaudatorio, a fin de determinar si los beneficios económicos justifican la reducción temporal de ingresos y permiten proteger el poder adquisitivo de la población sin comprometer las finanzas públicas.