Por Ramiro Suárez (@SuarezGalan) y Jorge Cano (@Jorge_eCano) | Animal Político La semana pasada, la Secretaría de Hacienda presentó el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2024. Uno de los temas más comentados ha sido la deuda, y con razón: para el siguiente año se estima un endeudamiento histórico de 5.4% del PIB, aproximadamente de 1.8 billones de pesos, el más cuantioso jamás registrado. Esto impulsará el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) –la medida más amplia de endeudamiento– a 49.8% del PIB, cuando al cierre del sexenio pasado la deuda cerró en 44.9%. Todo, a pesar de la promesa por parte del Ejecutivo de no endeudar al país. Recordemos que en aras de mantener finanzas públicas sanas, el presidente plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo: El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esa deuda. En este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito (el énfasis es nuestro). El mayor problema es que la deuda no se utilizará sólo para inversión (como debe ser) sino para el gasto corriente. En la iniciativa de Ley de Ingresos de 2024, el Gobierno solicita, como hemos dicho, que el Congreso autorice un endeudamiento de alrededor de 1.8 billones de pesos, pero plantea un gasto en la inversión física de apenas 889 mmdp. De esta manera, el Gobierno federal volverá a romper la ‘regla de oro’ del financiamiento sostenible[1], la cual reza que la deuda pública debe ser, por lo menos, del mismo nivel que la inversión física.