Ciudad de México, julio 15.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó sobre la necesidad de sanear las finanzas públicas del país mediante una estrategia fiscal efectiva que combine disciplina en el gasto, aumento de ingresos, reformas estructurales en Pemex y en las pensiones, además de un entorno de certidumbre jurídica. En un análisis realizado con expertos, el IMEF considera que es urgente una revisión y flexibilización del gasto público; incremento de los ingresos públicos y ampliación de la base tributaria; reforma profunda en el modelo operativo de Pemex y mejorar la certidumbre jurídica y el clima de inversión. Esta alerta se da al mismo tiempo que México Evalúa reportó un subejercicio del gasto por 418,000 millones de pesos, el mayor registrado para un periodo enero-mayo desde 2005, el cual prende los focos rojos en medio de las bajas que aplicaron las agencias calificadoras Moody´s y Standard & Poor's. En este sentido el IMEF advirtió que es cada vez más rígido el gasto público, derivado de que aproximadamente 60% del gasto comprende una combinación de gastos obligatorios y fijos, como pensiones, subsidios, servicio de la deuda pública y participaciones a estados y municipios. Estos conceptos representan 70% de los ingresos del sector público y en 2025 excedieron los ingresos tributarios, situación que muy probablemente se repita en 2026. “Esto indica que el gobierno federal tiene que endeudarse más para pagarlos”. Y es que el subejercicio observado implicó que el Gobierno dejó de gastar el equivalente a 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que es cercana al pronóstico de 1.1% de crecimiento económico para cierre de 2026 que esperan los analistas consultados para la Encuesta Citi de Banamex. Líneas de acción para dar flexibilidad al gasto público Revisar la estructura del gasto para identificar áreas de ineficiencia y reasignar recursos. Esto pudiera resultar en dejar de pagar gastos de operación en proyectos que no pueden cubrir sus costos, desde la aerolínea del Estado, ferrocarriles y refinerías. Establecer criterios técnicos y evaluaciones costo-beneficio obligatorias para proyectos de infraestructura. Mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de recursos. En el pasado se han utilizado mecanismos de efectividad de programas sociales que permiten reforzar los que más beneficio otorgan. Revisar los programas de retiro, sobre todo de algunas entidades públicas para que su costo fiscal sea menos oneroso en el futuro.