Washington, DC, Estados Unidos, mayo 15.- El comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó gravar un impuesto especial del 5% a las remesas enviadas al extranjero por personas que no posean ciudadanía estadounidense. La medida forma parte de un paquete legislativo prioritario impulsado por el presidente Donald Trump, identificado como “The One, Big, Beautiful Bill” y ahora deberá pasar a la Comisión de Presupuesto, donde, si es aprobada, pasará al pleno para discutirse el día 26. El plan es que pasados todos los trámites se implemente a partir del 4 de julio. El proyecto fue presentado por el congresista Jason Smith. La iniciativa deberá pasar a discusión en el pleno de la Cámara de Representantes para ser aprobada antes de llegar al Senado. De aprobarse la propuesta, el nuevo gravamen no aplicaría a ciudadanos estadounidenses, pero sí a residentes permanentes y beneficiarios de visas temporales. El impacto potencial de esta decisión podría ser significativo, considerando que millones de familias en América Latina dependen de los envíos de dinero desde Estados Unidos. Financiar operaciones de patrullaje El presidente Trump anunció días atrás que trabaja en un memorando presidencial cuyo objetivo sería restringir completamente las remesas enviadas por personas sin estatus migratorio regular. Aunque el mandatario adelantó la información en su red Truth Social el pasado 25 de abril, ni la Casa Blanca ni el Departamento del Tesoro han ofrecido más detalles sobre su contenido. Esta no es la primera vez que se plantea un tributo sobre las remesas. En 2024, el vicepresidente J.D. Vance propuso una tasa del 10% con el objetivo de financiar el control fronterizo. Años atrás, durante su primer mandato, el presidente Trump había promovido un impuesto del 6% para costear el muro entre México y EEUU, aunque dicha iniciativa no avanzó. La intención de la primera propuesta arancelaria fue recaudar recursos para financiar las operaciones de patrullaje de la frontera entre México y Estados Unidos contra los cruces ilegales de migrantes. Según el texto que ahora avanza con el impulso de los legisladores conservadores, este gravamen se puede deducir en la declaración de impuestos, pero solo en caso de que se presenten ante el IRS — la agencia de tributos—, por contribuyentes con Número del Seguro Social (SSN en sus siglas en inglés). Los indocumentados carecen de SSN y pagan impuestos con un Número de Identificación Fiscal (ITIN), lo que les impediría recuperar este dinero. “Se está buscando que los indocumentados no tengan escapatoria, pero el objetivo, por lo que estamos viendo en otras situaciones, es más amplio y terminará afectando a muchos de los que vienen al país. Una de las maneras de hacerlo es a través del dinero, haciendo que llegue menos a sus hogares” dice José Iván Rodríguez-Sánchez, del Centro para Estados Unidos y México de la Universidad Rice de Texas. Este investigador explica que desde hace tiempo ha habido una corriente de opinión que ve a las remesas como una pérdida económica “como un dinero que no se queda en Estados Unidos". La medida afectaría no solo a México, sino también a los países gobernados por dictaduras, como el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyas economías dependen en gran parte de las remesas que se han convertido en uno de sus principales rubros de ingresos. BAJA CALIFORNIA De acuerdo con cifras del Centro de Estudios Económicos de Baja California en la frontera con México, el impacto en esta entidad sería por alrededor de 100 millones de dólares. Esa entidad fronteriza con California captó en el 2024 mil 447.1 millones de dólares que beneficiaron al 40% de los hogares, sumándose a los ingresos de los trabajadores bajacalifornianos que se emplean legalmente en Estados Unidos. El flujo de dólares por estas dos vías se han convertido en una de las bujías más importantes de la economía estatal.

Algunos legisladores mexicanos manifestaron que viajarían a Estados Unidos para reclamar este cobro, en una clara contradicción contra su política de "no intervención". El principio de no intervención en México, también conocido como la Doctrina Estrada, prohíbe intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos o externos de otro estado. Este principio es un pilar fundamental de la política exterior mexicana y se basa en el respeto a la soberanía de los estados. La Doctrina Estrada, formulada por Genaro Estrada en 1930, estableció que México no emitiría juicios sobre los gobiernos extranjeros, ni reconocería ni desaprobaría a otros estados. México ha aplicado este principio en sus relaciones internacionales, absteniéndose de intervenir en los asuntos internos de otros países, incluso cuando existen problemas o conflictos.