Ensenada, Baja California, agosto 29 (El Vigía).- La municipalización del agua y drenaje en Baja California no puede hacerse por un decreto del Gobierno del Estado, sino que cada municipio debe solicitar el hacerse cargo de esos servicios, pero se debe hacer después de un análisis de las condiciones financieras y técnicas en que se recibiría el organismo operador. Juan Marcos Gutiérrez González, especialista en temas fiscales y asesor de Coparmex, señaló que en la reforma constitucional de 1999 se estableció con claridad que aquellas entidades que tenían a cargo esos servicios deberían continuar así, hasta que cada municipio solicitará hacerse cargo de ellos. Por ello, dijo, va en contra de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la reforma correspondiente que se haya hecho por decreto y eso es algo que tendrá que corregir los actuales diputados bajacalifornianos, ya que en el poder legislativo se generó ese decreto inadecuado. Condiciones del organismo Agregó que es fundamental que para que se realice la transferencia -y así se establece en los puntos transitorios de la mencionada reformaque el gobierno municipal que solicite asumir los servicios de agua y drenaje debe conocer puntual y específicamente las condiciones del organismo operador. En este caso, dijo refiriéndose a la municipalización promovida por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, se les está dejando toda la carga salarial y sindical, los adeudos y los problemas técnicos operativos, situación que no conocen a detalle los alcaldes y alcaldesas que se han manifestado a favor de la municipalización. Planteó también que deberá ser la actual legislatura la que corrija lo hecho por sus antecesores legislativos quienes aprobaron un decreto que carecía de sustento jurídico. Cabe recordar que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California en Ensenada suspendió la transferencia del agua potable, drenaje y alcantarillado en dicho municipio, el pasado 25 de agosto. La solicitud de suspensión fue promovida por un grupo de ciudadanos inconformes con la decisión del Cabildo de Ensenada de crear un organismo municipal, luego de que el Congreso del Estado de Baja California aprobara la municipalización el mes pasado, en un proceso legislativo impugnado por inconsistencias.