Más allá de mostrar promedios o tendencias generales, es urgente usar los datos de la ENIGH para denunciar y comprender las graves desigualdades que atraviesan al país. Un análisis riguroso de esta información permite mostrar cómo las decisiones económicas, políticas públicas o modelos de desarrollo han beneficiado de forma desproporcionada a ciertos sectores mientras han excluido o precarizado a otros, señala el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad (Indesig) y Oxfam México en su informe ¿Derechos o privilegios?, elaborado por ambas organizaciones. El mismo señala que: Profundizar en los datos no es un ejercicio neutral: es una forma de disputar el sentido común sobre “cómo estamos” y de generar conocimiento útil para fortalecer la lucha por la justicia económica. Analizar los ingresos y gastos permite hacer visible cómo se distribuyen realmente los recursos en la sociedad. No todas las personas viven las mismas condiciones económicas. Los grupos históricamente excluidos y empobrecidos suelen enfrentar mayores obstáculos para acceder a ingresos dignos o condiciones adecuadas de vida, además de que deben utilizar sus recursos en necesidades básicas antes que en el esparcimiento o el lujo. Incorporar estas dimensiones al análisis no es solo una cuestión técnica, sino una herramienta fundamental para reconocer desigualdades estructurales y promover transformaciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos económicos y sociales para todas las personas. Por otra parte, “el informe es una mirada a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares desde la perspectiva de desigualdades y con un enfoque de derechos y de género”, explicó Efrén Pérez. Una de las principales conclusiones del documento es que “a pesar de los avances en política social y en política laboral de los últimos seis años, la desigualdad de ingresos en nuestro país es persistente”. Hoy “una persona del 10% más rico obtiene 65 veces más que una persona del 10% más pobre, y una persona del 1% más rico obtiene 442 veces más ingresos que una persona del 10% más pobre de la población”. Más allá de estas cifras, que reflejan la brecha que existe entre los ingresos de las y los mexicanos, subrayó que lo relevante es “lo que eso significa en términos de ejercicio de derechos de las personas”, concluyó.