En estos cuatro meses de transición se ha anticipado un horizonte complejo para la segunda economía de América Latina después de Brasil. De la devaluación del peso a las metas de crecimiento y de déficit, las señales de preocupación de los mercados, las relaciones con Estados Unidos o las últimas reformas del Ejecutivo saliente, el rompecabezas que tiene ante sí la nueva Administración está hecho de retos mayúsculos, pero también de oportunidades. Hay una palabra que todos repiten: “Confianza”. Se escucha en los consejos de las entidades financieras, entre los inversores o en los organismos multilaterales. El consenso es prácticamente unánime: hay que aumentar la productividad, que lleva estancada casi tres décadas, y para ello deben mejorar las condiciones económicas. “Cuando les preguntas, suelen pedir lo mismo, que es seguridad jurídica, seguridad fiscal, estabilidad en las políticas y en las regulaciones”, resume Rafael Muñoz, economista principal de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Banco Mundial para México. Para que el país pueda afrontar las zozobras anunciadas por la rebaja agresiva de tipos de la Reserva Federal estadounidense —un recorte del precio del dinero de 0.5 puntos para intentar evitar una recesión— tiene que ser capaz de transmitir seguridad. La ventaja es una razonable solidez macroeconómica. La desventaja es que la nueva presidenta deberá medir al milímetro cada movimiento, desde las decisiones para acelerar el crecimiento y contener el déficit fiscal a los posicionamientos políticos como la exclusión del Rey de su toma de posesión el 1 de octubre o su agenda de reformas. En agosto, el Banco de México recortó nuevamente su previsión de crecimiento por la “marcada debilidad” de la actividad económica y la presión de la inflación, cuyo índice interanual roza el 5%. El pronóstico es un 1.5% para este año y un 1.2% en 2025. Sheinbaum, no obstante, se mostró más optimista y fijó el horizonte en un 2%. El debate sobre el ritmo de la desaceleración, en cualquier caso, es lo de menos. El déficit marcó en septiembre un récord con el dato más alto desde que Hacienda comenzó a publicar este indicador, en 2008: un desajuste de más de un billón de pesos, alrededor de 50,000 millones de dólares. La brecha se agrandó precisamente en el tramo final del mandato de López Obrador. El presidente se despidió con un aumento significativo del gasto público, especialmente en desarrollo social e infraestructuras. Esa herencia reduce ahora el margen de acción de su sucesora, al menos a corto plazo. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que continuará en su puesto en el nuevo Gobierno, estimó este año un déficit del 5.9%. Sin embargo, su departamento anunció que para el próximo ejercicio planeaba reducirlo hasta el 3% del PIB. Esa meta, que deberá quedar fijada en los Presupuestos, ha hecho saltar las alarmas de los analistas. “Si se logra eso, es muy posible que la economía de México entre en una recesión, porque una reducción de tres puntos en el gasto implicaría un fuerte impacto sobre la demanda agregada”, advierte Carlos Serrano, economista jefe del BBVA en el país. “Creo que México tiene un nivel de deuda sobre PIB y de credibilidad suficiente como para que se pudiera anunciar un plan para llegar a un déficit del 3% no en un año, sino en dos. Estableciendo metas claras, intermedias, que se vayan cumpliendo de tal manera que se reduzca el impacto económico de una contracción fiscal de ese tamaño”, prosigue. Los Presupuestos serán decisivos para calibrar los primeros pasos del Gobierno de Sheinbaum, aunque a las cuentas públicas se suman también las decisiones políticas: de manera especial, las reformas estructurales. “Los empresarios están preocupados por sus efectos, están pausando inversiones, aunque todavía no hay cancelaciones”, señala Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Serrano advierte de que las consecuencias pueden afectar tanto a las inversiones del principal socio comercial, donde se dirige el 85% de las exportaciones, como a la financiación, con una reducción del espacio fiscal. En su opinión, se podrían mitigar esos efectos a través del desarrollo legislativo de la reforma judicial. En todo caso, al margen del resultado de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, la relación comercial entre ambos países no está en peligro. “Ha quedado en evidencia que tiene beneficios mutuos y el hecho de que estén integrados en cadenas de valor hace que ambos sean más competitivos”, razona Serrano. De los problemas de inversión a las zozobras financieras que se den a escala internacional, la relación con Estados Unidos, la gestión del nearshoring y las reformas, México afronta una etapa sumamente delicada, pero al mismo tiempo tiene todos los números para capitalizar este momento. El mensaje de los analistas es claro y va más allá de los posicionamientos ideológicos: Sheinbaum está todavía a tiempo para impulsar una fase de fortalecimiento de la economía. La clave es disipar la incertidumbre y ofrecer certezas a los mercados. (El País).