Ciudad de México, septiembre 1 (The Economist).- La mayoría de los presidentes mexicanos estarían en el olvido en su último mes en el poder, pero no Andrés Manuel López Obrador. Una vez que los congresistas recién elegidos asuman sus escaños el 1 de septiembre, un mes antes de que la presidenta electa Claudia Sheinbaum asuma el cargo, López Obrador aprovechará la oportunidad. Su partido gobernante, Morena, y sus aliados serán tan dominantes que casi con certeza podrá aprobar una reforma constitucional del poder judicial. Eso amenaza la democracia y la economía del país. Según la reforma, todos los jueces federales serían destituidos y reemplazados por votación popular, suplantando un sistema de exámenes profesionales y, en el caso de la Suprema Corte y los tribunales electorales, un proceso de nominación. También se elegirían a los miembros de un nuevo tribunal disciplinario, con poderes para castigar a los jueces. Es como si se estuviera guillotinando al poder judicial, dice Julio Ríos del ITAM. Esto daría a Morena, y a cualquier partido dominante en el futuro, una inmensa influencia sobre los tribunales. Abre aún más el sistema judicial a la influencia indebida, la corrupción y la interferencia de las bandas criminales. Muchos temen que la calidad de los jueces disminuya: la reforma reduce sus salarios y reduce las calificaciones requeridas a un título de abogado con una nota alta. Las elecciones judiciales se celebrarían el próximo año y en 2027. No es sólo el poder judicial el que está en riesgo. López Obrador parece decidido a sacar adelante muchas de las otras 17 reformas constitucionales que presentó en febrero, cuando no contaba con los votos necesarios para lograr su aprobación. Las más preocupantes son las que afectan a las instituciones de México: poner a la Guardia Nacional bajo la dependencia del Ministerio de Defensa (que la Suprema Corte declaró inconstitucional); eliminar organismos autónomos como el organismo de transparencia y el regulador energético; y prohibir a la empresa eléctrica estatal asociarse con empresas privadas. Sheinbaum, la aprendiz y sucesora del presidente, apoya plenamente la cuarta transformación. Al igual que López Obrador, parece pensar que la democracia sólo requiere elecciones, en las que el ganador gobierna para beneficiar a la mayoría, en lugar de necesitar otras instituciones y procedimientos, dice Pamela Starr, de la Universidad del Sur de California. Sin embargo, Sheinbaum al principio pareció tener reservas sobre la elección de jueces por voto popular, antes de ofrecer un respaldo total. Es posible que pueda hacer algunos ajustes en la legislación posterior, por ejemplo, sobre quién puede presentarse a las elecciones. Pero su incapacidad o falta de voluntad para poner freno a su mentor está preocupando a los demócratas. Las consecuencias que heredará podrían ser particularmente dolorosas para la economía. Ha dicho a los observadores que no tienen "nada de qué preocuparse". Pero sí lo tienen, y ella también.