La diputada local, Alejandrina Corral Quintero, dijo que la reciente aprobación de la Ley contra la Extorsión en Baja California representa un reconocimiento tácito del gobierno de Morena sobre la existencia y prevalencia de este delito en la entidad, a pesar de intentos previos por minimizarlo. Corral Quintero señaló en un comunicado que la ley no debe ser vista como una concesión, sino como un reflejo del fracaso gubernamental y de una realidad que ya no pudo ser ocultada. La legisladora refirió que durante años los gobiernos emanados de Morena negaron la existencia de extorsiones y cobro de piso en Baja California, calificando los señalamientos como inventos ante la supuesta ausencia de denuncias. La diputada panista recordó que su iniciativa para combatir la extorsión fue aprobada tras cuatro años de haberla presentado, atribuyendo la decisión a una presión ejercida por el Gobierno Federal, lo que obligó al Congreso local a reconocer un problema conocido por todos. Agregó que Morena ha admitido incluso la posible implicación de sus propios servidores públicos en actos de extorsión. Corral Quintero criticó la pasividad de las autoridades, afirmando que han permanecido en silencio durante mucho tiempo y ahora intentan reaccionar, mientras que la seguridad de los ciudadanos no puede esperar a la voluntad de las autoridades para trabajar.