El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó la Evaluación integral de la política social vinculada al derecho al trabajo 2023-2024, donde destaca que más de un tercio de la población mexicana no puede cubrir el costo de la canasta alimentaria con su ingreso laboral; las mujeres y las personas trabajadoras informales son las más afectadas por esta situación. Asimismo se detectó que: Más de la mitad de la población mexicana labora en la informalidad; respecto a esta problemática, los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas trabajadoras del sector primario, así como quienes tienen un menor nivel educativo, son los grupos prioritarios por atender. Existen brechas salariales entre grupos no justificadas por el tipo de trabajo o productividad, las cuales reflejan un trato discriminatorio que afecta principalmente a mujeres, población indígena y personas trabajadoras del sector primario y del hogar. Los mecanismos de protección del ingreso ante pérdida del empleo son insuficientes, especialmente en contextos de informalidad laboral, y afectan a toda la población económicamente activa. La falta de capacitación y formación para el trabajo limita el crecimiento profesional y la estabilidad laboral. En el país, las y los jóvenes, mujeres, personas trabajadoras informales y quienes tienen una menor escolaridad acceden a menores oportunidades de capacitación. Predomina la búsqueda de empleo a través de medios informales de intermediación y vinculación laboral. En el país hay poca presencia territorial de los servicios públicos de vinculación, y los servicios digitales para la intermediación pueden excluir a la población más vulnerable que no tiene acceso a internet, habilidades digitales u otros requisitos que les impediría hacer uso de este servicio. Existen brechas salariales no justificadas por tipo de trabajo o productividad, las cuales reflejan un trato discriminatorio que afecta, principalmente, a mujeres, población indígena y personas trabajadoras del sector primario y del hogar. El trabajo infantil afecta negativamente el desarrollo de la infancia y adolescencia y el ejercicio de otros derechos, como la educación. Este es ilegal y expone a las infancias a condiciones laborales peligrosas y a ocupaciones no adecuadas. La implementación deficiente de la justicia laboral y la falta de inspección laboral afectan negativamente a las personas trabajadoras y a la población económicamente activa. Al considerar el derecho al trabajo, resulta fundamental analizarlo a la luz de otros derechos sociales, como la seguridad social y la salud; un sistema de seguridad social universal permitiría abordar retos relacionados con la informalidad laboral, aunque seguirían pendientes aspectos fiscales, económicos y de acceso a la justicia laboral. Las medidas laborales deben estar alineadas con la capacidad de crecimiento económico y la generación sostenible de empleos formales. Asimismo, el potencial de las acciones en materia laboral puede incrementarse mediante políticas que impulsen la productividad, reduzcan las desigualdades regionales y fomenten el empleo en sectores tecnológicos avanzados. Imagen: El Koko en X.com