Ciudad de México, octubre 10.- Municipalizar los organismos del agua debilitan sus finanzas en lugar de fortalecerlas, especialmente en el caso de los municipios fronterizos, ya que se ponen en riesgo los compromisos de saneamiento internacional, advirtió la comisionada de la Sección México en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Adriana Reséndez Maldonado, en un documento dirigido al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien ha promovido la municipalización. Mediante un comunicado se indica que a través del Oficio Num. CEU/JUA/0934/2021, la funcionaria federal señala, a nombre de la institución que: "como resultado del proceso de municipalización referido, hemos podido observar que en lugar de fortalecer las finanzas de los organismos operadores municipales éstas se debiliten”. Reséndez Maldonado expuso casos como el caso de Nogales, Sonora, que luego de la municipalización ha dejado de cubrir los costos del tratamiento de aguas residuales en la Planta Internacional de Nogales, Arizona. “Eso pasó porque en la municipalización no establecieron instrumentos para que se pudiera cumplir financieramente con esos compromisos internacionales”, alertó. La funcionaria federal agregó que en el caso de la municipalización impulsada por Bonilla tampoco se establecieron mecanismos para que el gobierno del estado e incluso la federación pudieran apoyar a los municipios fronterizos, por lo que se refiere la importancia de que el proceso se lleve de manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos y revisiones que el caso requiere. Por lo tanto, la CILA estableció que para municipalizar el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, es ineludible que "se lleve a cabo un análisis técnico y financiero, que permita asegurar que los municipios tienen la capacidad de hacerse cargo de los servicios y que además puedan preverse los instrumentos apropiados que les permitan cumplir con los compromisos internacionales de atender los problemas de saneamiento fronterizo conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944". Cabe señalar que esta posición de CILA se suma a la de la gobernadora electa Marina del Pilar, quien dijo que no está de acuerdo, lo mismo que los ayuntamientos e incluso la acción ya fue detenida en los tribunales. La pregunta que está latente es qué esconde Bonilla con estas acciones que definitivamente no van a prosperar.