Tijuana, Baja California, mayo 25.- Marina del Pilar dijo hoy que la empresa Next Energy aceptó cancelar el proyecto para la construcción de la planta fotovoltaica en Mexicali que había autorizado la administración de Jaime Bonilla "sin que exista ninguna responsabilidad para el Estado. Con ese resultado estamos evitando gastos adicionales derivados de un conflicto legal costoso”. Agregó que “el contrato será cancelado, tanto en la proyectada generación de energía, como en lo correspondiente al fideicomiso, sin que tengamos que entrar alguna indemnización”; sin embargo, “esto no significa que se dejan sin efectos los otros procesos administrativos o penales a los que se pudieran enfrentar los responsables del gobierno anterior. Continuarán estos procesos”. Con este acuerdo se acordó la liberación de los 123 millones que la fiduciaria Banca Afirme retuvo de las Participaciones Federales. Según el encargado de Hacienda el costo para las finanzas del Estado habría sido de 12 mil millones de pesos, o más de mil 700 millones de pesos el primer año, el equivalente al presupuesto de la Secretaría de Seguridad, “para un proyecto que no tuvo la posibilidad de tener los permisos que permitieran su inversión y financiamiento”. La planta fotovoltaica según el proyecto de Bonilla Valdez generaría la energía necesaria para alimentar el acueducto Río Colorado-Tijuana, pero se identificó como el principal riesgo financiero para Baja California. En reunión con periodistas se presentó una carta enviada por el representante legal de Next Energy, Héctor Martínez Vivas, que contiene los puntos sobre lo que sigue ahora que la empresa ha decidió finalizar el contrato. 1. Realizar todas las acciones necesarias para proceder a la cancelación del proyecto, de mutuo acuerdo y sin responsabilidad para ninguna de las partes. 2. La terminación sin reserva legal alguna, tanto del contrato de generación y suministro de energía eléctrica fotovoltaica, como del contrato de fideicomiso irrevocable celebrado entre las partes y sin pago de indemnizaciones. 3. Una vez manifestada su conformidad, procederemos de manera conjunta a solicitar al agente fiduciario la devolución de las participaciones federales retenidas por el fideicomiso, constituidas como el fondo de reserva, y realizaremos las acciones requeridas para cancelar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto 4. En el entendido que la terminación será de común acuerdo, una vez que se firmen los documentos correspondientes, no reservándose el Gobierno del estado de Baja California acción legal presente o futura en contra de la empresa, sus representantes o accionistas, y de nuestra parte, haremos lo propio con el estado de Baja California y sus funcionarios actuales. 5. Derivado de lo anterior, solicitamos girar instrucciones a la Consejería Jurídica del estado para la preparación de los documentos vinculantes que permitan la cancelación del proyecto y sus consecuencias económicas en el Estado, para que sean revisados por nuestros abogados y proceder en consecuencia.