Norma cobrará más a los mexicalenses por alumbrado público a pesar de que el 78.2% reprueban su efectividad para resolver problemas

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En una sesión extraordinaria, el Vigésimo Quinto Ayuntamiento de Mexicali llevó a cabo la sexta sesión de Cabildo, donde se aprobó, con 12 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, un incremento de 10 pesos al Derecho de Alumbrado Público (DAP) como parte del proyecto de Ley de Ingresos 2025, que será presentado al Congreso del Estado para su aprobación final. Por otro lado, la propuesta para la eliminación total del DAP fue rechazada tras una votación de 12 votos en contra y 5 a favor. Durante la sesión, el tema generó un intenso debate entre los integrantes del Cabildo ante el abuso de la alcaldesa Norma Bustamante, que salió muy buena para quitar más dinero a los mexicalenses pero pésima para cumplir con sus obligaciones como quedó demostrado en la última encuesta del INEGI en la que el 78.2 por ciento de los cachanillas la reprobaron en la efectividad de su gobierno para resolver los principales problemas de la ciudad, mientras apenas 21.8% la aprobó. El regidor Gustavo Magallanes calificó como "alarmante" el aumento, que representa un incremento del 66%, pasando de 15 a 25 pesos por familia. En su intervención, señaló que este ajuste afectará directamente la economía de miles de familias mexicalenses, muchas de las cuales ya enfrentan dificultades económicas. El aumento al DAP ha sido motivo de controversia entre la población, que ha expresado su descontento a través de diversos medios, principalmente debido a las fallas recurrentes en el servicio de alumbrado público. Las críticas señalan que antes de implementar incrementos, las autoridades deberían garantizar un servicio eficiente y transparente. El proyecto de Ley de Ingresos 2025, que incluye el ajuste al DAP, será enviado al Congreso local, donde se definirá si la medida será aplicada de manera oficial. Mientras tanto, los regidores que votaron en contra del incremento hicieron un llamado a la administración municipal para reconsiderar el impacto económico que la decisión tendrá sobre las familias mexicalenses.