Sin el menor análisis crítico los pseudodiputados del Congreso estatal palomearon el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, por el orden de los 73 mil 172 millones de pesos, lo que representa un avance nominal de 5.9 por ciento, pero en términos reales se reduce a solamente el 1.2 por ciento con respecto al del 2022, tomando como referente los Criterios de Política Económica del gobierno federal que espera una inflación de 4.62 por ciento al cierre del año. En un comunicado lo anunciaron con bombo y platillo sin señalar que la aprobación va acompañada de una endeudamiento por 3 mil 500 millones de pesos. Los principales rubros de gasto quedaron como sigue, la mayoría sin ningún ajuste: Poder Judicial un presupuesto por 1 mil 619 millones 174 mil 751 pesos; Poder Ejecutivo 65 mil 636 millones 410 mil 761; Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California 37 millones 329 606; Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California 15 millones 915 mil 885. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 46 millones 413 mil 639 mil pesos; Instituto Estatal Electoral de Baja California, 234 millones 998 mil 46 pesos; Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California 87 millones 705 mil 365 pesos; Universidad Autónoma de Baja California 1 mil 980 millones 901 mil 880; Fiscalía General del Estado de Baja California 2 mil 440 millones 854 mil246 pesos; Poder Legislativo 1 mil 72 millones 723 mil, de los que se desprenden 290 millones 231 mil pesos para la Auditoria Superior del Estado. La encomienda federal de un presupuesto austero con ajustes al gasto se quedó de adorno en la oficina de Marina del Pilar.