El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF): documento en el que se plasman las prioridades del nuevo gobierno al señalar cómo se distribuirían los recursos que estima obtener el sector público federal durante el ejercicio fiscal 2025. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) plantea la implementación de recortes generalizados y significativos en áreas que inciden directamente en la calidad de vida de la población y la competitividad del país. Esto con el objeto de reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda, enfrentar el aumento de gastos obligatorios, garantizar la continuidad de las políticas de la administración anterior, así como financiar nuevos programas sociales y proyectos de inversión. El IMCO analizó la distribución de los 9.30 billones de pesos previstos para 2025, con el objetivo de identificar las prioridades de la nueva administración en su primer año de gestión y sus implicaciones. El enfoque se centró en las actividades a las que se destinan los recursos, sin importar qué ente público los ejerza. De aprobarse en sus términos el PPEF, el gasto público se destinará a 24 funciones distintas, de las cuales 19 tendrán recortes en términos reales respecto a su presupuesto aprobado en 2024. A un mayor nivel de desagregación, se identifican recortes en 64 de 81 subfunciones, como Policía (-53.8%), Transporte por carretera (-42.5%), Abastecimiento de agua (-29.5%), Turismo (-27.4%), Educación superior (-7.5%), entre otras. ¿Para qué se gasta? Distribución del gasto por objetivo De acuerdo con la clasificación funcional, que organiza el gasto según sus propósitos, es posible identificar en qué actividades se invierten los recursos públicos, independientemente del ente (poder, órgano autónomo, dependencia, entidad o empresa pública) que los ejerza. De acuerdo con esta clasificación, el gasto previsto en el PPEF 2025 se divide en tres grandes finalidades: Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, las cuales se desagregan en 24 funciones y estas, a su vez, en 81 subfunciones. A continuación se presenta el monto asignado a cada una de estas categorías: Gobierno. Agrupa actividades relacionadas con la gestión gubernamental, como legislación, justicia, seguridad nacional, seguridad pública, política exterior, hacienda, procesos electorales, regulación, y administración interna del sector público. En 2025, se propone asignar 481.2 mmdp a esta finalidad, equivalentes al 5.2% del gasto total. Esto representa una reducción de (-)14.8% (-60.1 mmdp) respecto al presupuesto autorizado en 2024, que fue de 541.3 mmdp. Este recorte, en términos reales, afecta a cinco de las ocho funciones en las que se desagrega esta categoría: Seguridad pública. El gasto destinado a “Asuntos de orden público y de seguridad interior” tendría un recorte de 34.8 mmdp, o (-)42.9% real, al pasar de 86.0 mmdp en 2024 a 51.2 mmdp en 2025. Este recorte se explica, principalmente, por la disminución de 36.6 mmdp (-55.2%) en el presupuesto que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destinaría a la Guardia Nacional, al pasar de 68.8 mmdp en 2024 a 32.2 mmdp en 2025. Este ajuste a la baja se daría en los tres programas a cargo de la Guardia Nacional: “Provisiones para infraestructura de seguridad” (-70.6%), “Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos” (-50.4%) y “Actividades de apoyo administrativo” (-39.8%). Asuntos financieros y hacendarios: (-)21.4 mmdp (-29.8%) | De 80.1 a 58.7 mmdp. Seguridad nacional: (-)17.1 mmdp (-15.0%) | De 150.4 a 133.3 mmdp. Otros servicios generales: (-)3.0 mmdp (-18.0%) | De 20.8 a 17.8 mmdp. Relaciones exteriores: (-)704.2 mdp (-10.9%) | De 9.9 a 9.2 mmdp. Desarrollo Social. Incluye programas y proyectos destinados a mejorar el bienestar de la población, como educación, cultura, salud, protección social, vivienda, servicios básicos urbanos y rurales, así como el cuidado del medioambiente. De acuerdo con el PPEF, se destinarían a esta categoría un total de 4.55 billones de pesos, equivalentes al 48.9% del gasto proyectado para ese año. Aunque este monto implicaría un incremento nominal, en términos reales presentaría una disminución de 0.8% en comparación con el presupuesto aprobado para 2024, que fue de 4.40 billones de pesos. Este recorte, en términos reales, afecta a cinco de las siete funciones en las que se desagrega esta categoría: Salud: El gasto que se destinaría en 2025 a todas las actividades que se vinculan directamente con la salud de la población, ya sea por parte de dependencias, entidades y gobiernos estatales, tendría una reducción de (-)12.2% (81.3 mmdp) –en términos reales– al pasar de 962.4 mmdp en 2024 a 881.1 mmdp en 2025: Incrementos. El presupuesto del IMSS-Bienestar crecería en 34.6 mmdp (22.0% real), el del ISSSTE en 5.4 mmdp (2.7%) y el del IMSS en 25.8 mmdp (1.3%). No obstante, este aumento no sería suficiente para compensar los recortes al presupuesto que se destina exclusivamente a salud por parte de otros entes públicos. Reducciones. El gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional caería en 1.3 mmdp (-20.1%); el de la Secretaría de Marina en 137.8 mdp (-7.7%); el de la Secretaría de Salud, institutos nacionales de salud y hospitales en 29.7 mmdp (-36.9%); las aportaciones a seguridad social en 64.3 mmdp (87.2%); y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que se transfiere a los gobiernos estatales en 51.7 mmdp (-42.0%). Educación: El gasto que se destinaría en 2025 a la función educativa tendría una reducción de (-)0.6% en términos reales, al pasar de 995.4 mmdp en 2024 a 1.03 billones de pesos en 2025. Ese año, el presupuesto destinado a educación básica crecería 1.7% real, y para educación media superior aumentaría 0.04%. En cambio, los recursos asignados a otros niveles educativos tendrían reducciones: adultos (-0.8%), educación superior (-7.5%) y posgrado (-12.8%). Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales: (-)5.0 mmdp (-24.3%) | De 23.9 a 18.8 mmdp. Protección ambiental: (-)271.7 mmdp (-5.6%) | De 17.4 a 17.1 mmdp. Otros asuntos sociales: +1.2 mdp (-4.1%) | De 2.356 a 2.357 mmdp. Desarrollo Económico. Comprende programas y proyectos enfocados en el desarrollo económico, incluyendo la producción agropecuaria, pesquera, agroindustrial y forestal, así como la infraestructura de transporte y comunicaciones, y la prestación de bienes y servicios públicos. A esta finalidad se destinarían 1.50 billones de pesos, que representan casi una sexta parte (16.1%) del gasto total previsto para ese año. Esto representaría una reducción de (-)7.8% (60.1 mmdp) respecto al presupuesto autorizado en 2024, que fue de 1.56 billones de pesos. Este recorte, en términos reales, afecta a las nueve funciones en las que se desagrega esta categoría: Ciencia, tecnología e innovación: Esta función tendría una disminución en términos reales de (-)7.4% en comparación con el presupuesto aprobado en 2024: pasaría de 59.9 mmdp en 2024 a 57.8 mmdp en 2025. Las cuatro subfunciones en las que se divide experimentarían una reducción de su presupuesto: Servicios científicos y tecnológicos (-11.8%); Desarrollo Tecnológico (-10.5%); Innovación (-3.4%); e Investigación científica (-7.2%). Destaca el recorte al presupuesto que destinan a ciencia, tecnología e innovación un total de 60 instituciones de educación superior, así como institutos nacionales y centros públicos de investigación: el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (-15.3%), la Universidad Autónoma Metropolitana (-14.7%), el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (-14.1%), la Universidad Nacional Autónoma de México (-13.7%), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (-13.2%), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (-12.2%), el Instituto Nacional de Salud Pública (-11.5%), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (-10.6%), el Colegio de México (-10.1%), entre otros. Transporte: El gasto destinado a esta función disminuiría (-)8.1% (8.7 mmdp), en términos reales, al pasar de 212.1 mmdp en 2024 a 203.4 mmdp en 2025. Con excepción del transporte por ferrocarril, que crecería 8.9%, las demás categorías de transporte tendrían recortes a su presupuesto: por agua y puertos (-8.7%), aéreo (-38.2%) y por carretera (-42.5%). Esta última, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, experimentaría un recorte de 24.7 mmdp: pasaría de 61.7 a 37.0 mmdp. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general: (-)31.1 mmdp (-50.9%) | De 63.8 a 32.7 mmdp. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza: (-)19.0 mmdp (-24.4%) | De 89.9 a 70.8 mmdp. Turismo: (-)589.6 mdp (-27.4%) | De 2.4 a 1.8 mmdp. Comunicaciones: (-)528.5 mdp (-12.3%) | De 6.2 a 5.7 mmdp. Minería, manufacturas y construcción: (-)7.2 mdp (-7.9%) | De 181.6 a 174.4 mdp. Combustibles y energía: +1.1 mmdp (-4.0%) | De 1.101 a 1.102 billones de pesos. Otras industrias y otros asuntos económicos: +851.1 mdp (-0.4%) | De 22.1 a 23.0 mmdp. Otras funciones. Esta categoría, que incluye los recursos que no corresponden a ninguna de las finalidades anteriores, es la única que registraría un crecimiento en 2025, al aumentar 3.7% –en términos reales– en comparación con el presupuesto aprobado en 2024: crecería en 195.7 mmdp, al pasar de 2.40 a 2.59 billones de pesos (29.8% del gasto total proyectado para 2025). Este incremento se atribuye –principalmente– al aumento de 124.4 mmdp en el costo financiero de la deuda, que pasaría de 1.26 billones de pesos en 2024 a 1.39 billones en 2025. Por su parte, las participaciones en ingresos federales (Ramo 28) crecerían en 77.4 mmdp, al pasar de 1.26 a 1.34 billones de pesos. IMCO Propone El presupuesto de 9.30 billones de pesos proyectado para 2025 debe administrarse bajo políticas que prioricen la efectividad, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, maximizando así su impacto en la calidad de vida de la población. Por ello, el IMCO Propone: Vincular la asignación de recursos públicos con los resultados de los programas presupuestarios. Es necesario vincular las asignaciones presupuestarias con los resultados cuantitativos y cualitativos del desempeño de los programas del sector público. Esta medida evitaría incrementos injustificables de presupuesto a programas cuyas evaluaciones de diseño, consistencia, resultados e impacto, por mencionar algunas, no demuestren técnicamente un impacto positivo en la población beneficiaria que justifique su costo. Al priorizar programas con impactos medibles y positivos, se optimiza el uso de los recursos disponibles, lo que reduce presiones sobre el déficit y fortalece la estabilidad de las finanzas públicas. De aprobarse sin cambios el PPEF 2025, se pondrán en riesgo áreas clave para la competitividad del país, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo del capital humano de la población, como salud, educación y seguridad. Por ello, el IMCO exhorta a los integrantes de la Cámara de Diputados a valorar y realizar los ajustes necesarios para garantizar que se mantenga un nivel de financiamiento adecuado en estas áreas y así evitar los efectos negativos que los recortes presupuestales podrían tener en el desarrollo y crecimiento económicos del país.