"Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana reconocemos las iniciativas del Gobierno Federal orientadas a fortalecer la inversión y el crecimiento económico del país", difundió el organismo en un comunicado. Sin embargo, señaló lo siguiente: "Para que ese potencial se traduzca en resultados tangibles, el país necesita inversión con certidumbre. Esto exige condiciones claras: seguridad para operar (en carreteras, parques industriales y centros logísticos, así como un combate frontal a la extorsión que afecta directamente a las empresas), certeza jurídica, confianza institucional y energía suficiente, confiable y competitiva, con capacidad de generación y transmisión eléctrica adecuada, abasto oportuno de gas natural y reglas claras para la participación pública y privada en el sector, incorporando fuentes de energía limpia que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad de largo plazo. Estos elementos deben ser parte central de cualquier estrategia para promover la inversión. Por ello, no es momento de introducir nuevas reformas que generen incertidumbre o debiliten los pilares institucionales. Cuando estos sufren una minusvalía, se erosiona la confianza de quienes invierten en el país. En los últimos años, la acumulación de reformas ha generado señales de cautela en el mercado interno y externo, lo que demuestra que la confianza no se decreta: se construye con reglas claras, estabilidad y diálogo constructivo. La colaboración público-privada sólo dará frutos si existe un entorno estable que permita convertir los anuncios en proyectos, los proyectos en empleos y los empleos en crecimiento sostenido, lo que implica garantizar condiciones mínimas de seguridad en el transporte de mercancías y en las cadenas de suministro, así como certidumbre en permisos, interconexiones y disponibilidad energética. Es fundamental que la estrategia para la promoción de la inversión se ejecute debidamente, con acciones específicas y medibles, así como con un uso responsable y transparente de los recursos públicos. Asimismo, los acuerdos comerciales internacionales, los flujos de inversión, los compromisos asumidos por México con sus socios estratégicos y la renegociación del T-MEC, descansan en un entorno de Estado de Derecho, de instituciones confiables y democráticas, y de certeza jurídica. Nos encontramos en un contexto de alta exigencia económica y de decisiones clave para el crecimiento del país. No se deben enviar señales contradictorias a los inversionistas, especialmente en un contexto global donde la competencia por atraer capital es cada vez más intensa. La estabilidad económica y jurídica debe ser un compromiso innegociable. El país tampoco puede dispersar esfuerzos en debates que generen división o incertidumbre, particularmente cuando el reto central es fortalecer el crecimiento económico para garantizar bienestar a las familias. México no puede darse el lujo de jugar con su estabilidad y, por eso, consideramos que las reformas que profundizan la polarización o generan cuestionamientos jurídicos pueden poner en riesgo compromisos internacionales y afectar directamente la competitividad", concluye.