Ciudad de México, julio 8.- Analistas consideran que una mejor solución para vender el gas a menor costo en vez de la creación de una empresa para vender gas a “precios bajos” por parte del gobierno federal es que se subsidie el precio del energético, lo que a su juicio representaría menores costos, si se le compara con los costos de operación de la nueva estatal. Además, con la creación Gas Bienestar, anunciada este miércoles por Andrés Manuel López Obrador, para ofrecer el energético a un menor precio, estiman afectaciones para la economía del país y el mercado, que van desde la baja de la calificación crediticia hasta la caída de la inversión fija en el sector. Así lo consideró la analista económico-financiera Gabriela Siller, que en un extenso hilo en sus redes sociales expuso sus previsiones sobre la creación de la empresa manejada por el Estado, y aseguró que sólo se podría ofrecer el gas a bajo costo si el Gobierno absorbe “el costo de crear la empresa, operarla y luego vender el gas a precio subsidiado”. La analista apuntó a que hasta ahora, Pemex tiene participación en la cadena de valor del gas LP en el país, excepto en el de comercialización, que hasta ahora ha estado en manos privadas. Recordó que el mercado mexicano del gas doméstico se provee en su mayor parte de importaciones -sólo 30% del consumo interno se produce en el país-, por lo que los precios están sujetos a los mercados internacionales-, e indicó que hasta ahora han sido los comercializadores los que han absorbido parte de los incrementos. Siller consideró además que Gas Bienestar representaría una carga a las finanzas públicas, pues además de vender el gas por debajo del precio del mercado, están todavía los costos de operación de la empresa. Para la analista, los problemas que expuso ponen en riesgo la calificación crediticia del país, así como “la inversión fija en el sector, sobre todo si hay un regreso de los precios máximos”, como era antes de enero del 2017, aseguró. Por último, Siller prevé escasez del energético en el país si el gobierno decidiera limitar los permisos de importación, toda vez que los particulares, en 2017, luego de la reforma energética, realizaron 70% de las importaciones de gas LP en México. Para el Centro de Estudios Económicos de Baja California se trata de otra eminentemente política populista del PRI de los setentas.