El expresidente del Colegio de Economistas de Mexicali, Enrique Rovirosa Miramontes, dio a conocer que solicitó un amparo contra el endeudamiento de 3 mil millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. El influyente economista en el Estado comentó que el fin de semana solicitó un amparo ante la Justicia de la Unión a efectos que el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California se abstenga de celebrar los convenios o contratos de financiamiento hasta por 3 mil millones de pesos, mismos que le fueron autorizados por la XXIII Legislatura Estatal mediante el Decreto 226, expedido el pasado 21 de abril. Rovirosa Miramontes expresó que con ello busca evitar que “se afecten los ingresos y derechos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), hasta en tanto no se explique de manera clara y precisa el uso que se dará a los recursos materia del Decreto”. Cabe señalar que Enrique Rovirosa comentó que “es la primera vez que recurre a un acto jurídico de esta naturaleza, pero que decidió hacerlo ante el repetitivo abuso de poder en que han incurrido, tanto el Ejecutivo como la Legislatura Estatal, instancias que se han caracterizado por hacer caso omiso de argumentos fundados en contra de aquello que transgrede el Estado de Derecho y afecta el buen desempeño de la economía”. El reconocido economista crítico del sistema agregó: “Estoy convencido que la mejor manera de resolver las diferencias entre autoridades y ciudadanos es el dialogo, pero cuando éstas se cierran e infringen nuestros derechos humanos, entonces debemos acudir a los tribunales”. El analistas económico y financiero “lamentó el clima de autoritarismo que prevalece, pese a las promesas de cambio. Y destacó que su accionar no constituye un acto individual, sino se suma a otros esfuerzos que realizan diferentes grupos sociales en aras de frenar la corrupción y la impunidad que impera en México”. Rovirosa Miramontes agradeció la colaboración que le ha brindado el despacho de abogados mexicalense De la Peña Rivera e invitó a otras personas, así como organismos civiles, empresariales y políticos para que adopten este mecanismo de protección, siendo que la fecha de cierre para ello es el 10 de junio próximo. “Aprovechó también para hacer un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a que haga lo conducente y, con ello, detenga los atropellos de las autoridades estatales contra los bajacalifornianos, pues consideró que ésta debe adoptar un papel más activo”, aseveró el analista. Finalmente, expresó tener plena confianza en que la justicia prevalecerá y, con ello, logre frenarse el pretendido incremento de la deuda pública estatal, mismo que no cumple el marco legal y tampoco responde a una debida rendición de cuentas. Por otra parte, se recuerda que Jaime decidió junto con los diputados endeudar más al Estado a pesar de reportar más Participaciones Federales durante su administración. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda le transfirieron 6 mil 642.9 millones de pesos tan solo en el primer trimestre. Sin embargo, hasta la fecha no se ven reflejados en acciones concretas para eficientar las finanzas o estimular la economía que actualmente se encuentra estancada