Tijuana, Baja California, julio 27.- Los municipios podrían recibir organismos operadores del agua con una contingencia de pagos, derivado de los amparos interpuestos por cobros ilegales de Fisamex y la devolución alcanzaría los 4 mil millones de pesos. Esta situación podría afectar aún más las finanzas públicas de los gobiernos municipales, porque si se resuelven los amparos a favor de los ciudadanos empresarios, tendrán que pagar los Ayuntamientos, dijo Adolfo Solís Farías, abogado fiscalista. Alertó acerca de que la iniciativa del Bonilla de municipalizar a los organismos operadores del agua, es una maniobra para esconder los pagos indebidos que se hicieron a la Fisamex. Agregó que una vez que se concrete el traslado del Estado a los municipios, éstos serán quienes tendrán que resarcir el daño hecho a los usuarios. Ante ello los municipios serán los que respondan a los empresarios quienes se han amparado por los cobros indebidos del gobierno estatal. En lo que va de la administración bonillista, Fisamex ha dictaminado adeudos por más de cuatro mil millones de pesos. Hasta el 23 de marzo, el,gobierno de Jaime Bonilla Valdez pagó 315 millones 883 mil 721.79 pesos a la empresa Romafam, SA de CV (conocida como Fisamex), cantidad 1.7 veces mayor al presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura en 2021. El gobierno estatal aún debía 180 mil 958 pesos a la firma de Manuel García Soto, quien dejó de aparecer en la transmisión matutina de Bonilla Valdez en Facebook tras ser baleado en diciembre pasado y que saliera a la luz un escandaloso video en el cual se le ve consumiendo una sustancia parecida a la cocaína.